En un contexto de disminución reciente de denuncias de personas desaparecidas y hallazgos en fosas clandestinas, Jalisco y Guanajuato concentran el 63.19 por ciento de los cuerpos recuperados en estos sitios el año pasado, cuyo origen se relaciona a la pugna de grupos delictivos, informó hoy la Secretaría de Gobernación (SG).

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se indicó que durante 2020 se reporta una reducción de 22.38 por ciento en el número de denuncias por desaparición, respecto al reporte de 2019.

En cuanto a entidades con mayor número de cuerpos recuperados, el informe oficial marca que cinco entidades concentra el 85.21 por ciento de los casos.

Como se mencionó, Jalisco encabeza la lista con 433 cuerpos recuperados el año pasado que significa el 42.96 por ciento del total nacional de 859 cadáveres.

En segundo lugar está Guanajuato con alrededor de 204 cadáveres, esto es, el 20.23 por ciento.

El tercer sitio lo ocupa Colima, con 89 cuerpos (equivalente a 8.83 por ciento); le sigue Michoacán, con 73 (7.24 por ciento), y Zacatecas, con 60 cadáveres recuperados (5.95 por ciento).

Por municipios, son seis los ayuntamientos que concentra poco más de la mitad de los hallazgos: El Salto Jalisco, con 189 cuerpos (18.75 por ciento); luego viene San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 88; en tercer lugar, Salvatierra, Guanajuato, con 79 cuerpos; cuarto lugar, Acámbaro, Guanajuato; Quinto, Cortázar, también en Guanajuato, y sexto, Zapopan, Jalisco.

El total son 527 cadáveres en estos seis municipios, que concentran el 52.37 por ciento de los hallazgos, se indica en el reporte de Gobernación.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, precisó que la problemática en Guanajuato se ubica en espacios urbanos, por lo cual no descartó que las autoridades tengan conocimiento de las causas y responsables de los hechos. “Las autoridades tienen que saberlo” ante este hallazgo “masivo” de fosas.

La ubicación de fosas clandestinas y cuerpos recuperados se realiza gracias a las labores de búsqueda den 171 municipios y a la mayor capacidad de respuesta a la información que reciben tanto familiares de víctimas como instituciones de distintos órdenes de gobierno.

“Sin embargo, en 2020 se registra una disminución en el número de fosas clandestinas localizadas del 33.05 por ciento, y del 17.97 por ciento en los cuerpos recuperados en estos, respecto al año 2019”, se indica en el informe expuesto por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas.

No obstante, se registra un incremento consistente en la identificación de cuerpos recuperados y su entrega a familiares: de los 2 mil 395 cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, 39 por ciento del total han sido identificados, y 21.75 por ciento entregados a sus familias.

De acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías de los estados, el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 80 mil 517 personas en el periodo 2006-2020.

La disminución de 22.39 por ciento es en el número de denuncias por desaparición presentadas en 2020 respecto a 2019.

En la apertura de la presentación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en este caso concreto el objetivo central es fortalecer la coordinación para la localización. “El único tema en esta comisión es buscar a las personas, el objetivo único”, respondió la funcionaria cuando se le preguntó si se le fincarían responsabilidades al ex presidente Felipe Calderón porque – como se dijo minutos antes- el punto de inflexión de esta problemática ocurrió en el año 2006.

Sánchez Cordero dijo en principio que el compromiso gubernamental es que a todas y todos los mexicanos se les proteja sus derechos humanos.

“La prioridad, siguiendo al señor Presidente, es a realizar acciones puntuales y estratégicas para que nuestro país pueda transitar a un derecho en la que todas y todas tengan respeto a sus derechos humanos en la extensión más larga de la palabra”.

La prioridad número uno de este gobierno, subrayó, es la búsqueda de personas porque representa un daño irreparable a las víctimas y sus familias.

Para hacer justicia, para no dejar que su memoria se olvide, expresó. Sabemos que las acciones no son suficientes, pero vamos a intentar todo lo que esté al alcance, prometió.

“Las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas. Es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, dijo.

Ejemplo de ello es la atención a los pobladores de la zona triqui en Oaxaca, así como el desplazamiento forzado.

“Así, estamos convencidos de garantizar el derecho a la memoria histórica y a los conflictos que se susciten en el país”.

Luego, el subsecretario Encinas dijo que de 2 mil 395 cuerpos recuperados, 39 por ciento ha sido identificado y casi el 22 por ciento de los cuerpos han regresado con sus familias de manera digna.

En desaparición forzada sigue registrándose aumento de denuncias de personas desaparecidas.

Del año 2006, año de inflexión, “año en que el país inicia un camino muy siniestro en la que la desaparición es una de las prácticas más deleznables”, al 2020, había 80 mil 818 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas.

Del total de las personas localizadas, 92 por ciento han sido localizadas por vida, y 8 por ciento sin vida.

En suma, durante el periodo de 1964 al 2005 se tiene mil 595 personas desaparecidas para dar un total de general de 82 mil 112, de ese año al corte del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la gran mayoría (80 mil 517 se dieron en el periodo 2006-2020).

El punto cúspide ocurrió en 2019, con 8 mil 964 denuncias pero en 2020 bajó a 6 mil 957.