A casi siete meses de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la segunda declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado para Guerrero, el gobierno del estado no ha hecho público el plan de trabajo que realizará para dar cumplimiento a las medidas dictadas, acusaron organizaciones.

En un pronunciamiento, indicaron que mientras en 2019 se atendieron 252 víctimas de violencia sexual; en 2020, con fecha de corte a septiembre, las atenciones fueron 407, de acuerdo con datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información realizada por el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres (OBVIO) Guerrero a la Secretaría de Salud estatal. Lo anterior, dijeron, muestra que hubo un aumento de más del 100 por ciento de casos, lo que refleja “el contexto de violencia sexual grave que se vive en la entidad”.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Justicia, Derechos Humanos y Género y OBVIO Guerrero, recordaron que la alerta de género fue declarada el 5 de junio de 2020, tras el incumplimiento del estado para demostrar avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses.

Agregaron que a las autoridades estatales les quedan únicamente 11 meses para cumplir cabalmente con las medidas que establece la alerta.

“La violencia sexual en Guerrero es evidente. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto”, resaltaron.

Ante este contexto exigieron a la Conavim establecer claramente el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación en donde participen las organizaciones peticionarias y expertas en la materia.

Al Poder Ejecutivo estatal demandaron que entregue el Programa de Trabajo con el que implementará las medidas, en donde se tendrá que garantizar la participación de la sociedad civil peticionaria, además de transparentar públicamente los recursos destinados, así como las autoridades responsables de cada una de las medidas y una propuesta de indicadores de impacto.

Además, que informe los avances a la ciudadanía de Guerrero al menos cada tres meses, así como que presente la propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal del estado, para garantizar la interrupción legal del embarazo a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual.

Al Poder Judicial estatal le exigieron coadyuvar para la revisión de las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto, y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero explicar cómo va a fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, la coordinación con la Secretaría de Salud para la implementación de la Norma 046, la no revictimización, así como su programa de capacitación con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.