Una jueza del condado de Travis en Austin, Texas, ordenó la liberación condicionada de la ciudadana mexicana Rosa Estela Jiménez Olvera, originaria de Ecatepec, quien pasó 18 años en prisión acusada de la muerte de un niño de año y medio de edad mientras estaba a su cuidado.
En una tarjeta informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la condiciones y causas de la liberación de la connacional, quien fue arrestada en enero de 2003 y sentenciada a 99 años de cárcel por un jurado que la encontró culpable en 2005.
Sin embargo, durante el proceso en su contra se documentaron varias irregularidades y anomalías, por lo que gracias al trabajo de diversos actores, entre ellos organizaciones civiles y el consulado general de México en Austin, se logró su liberación.
La cancillería indicó que Jiménez Olvera contará con el apoyo del gobierno mexicano para permanecer en Estados Unidos, a fin de que atienda las condiciones de su liberación y ejerza sus derechos, como asistencia a audiencias y otras.
Rosa Estela llegó a Austin siendo casi una adolescente, desde el municipio de Ecatepec, estado de México, como todos los que migran hacia el norte: buscando mejores oportunidades de vida. Logró emplearse como cuidadora de niños (baby-sitter) entre familias estadunidenses y y chicanas.
Tiempo después conoció a un hombre mexicano con quien se casó y tuvo una hija, como narra el documental Mi vida dentro, de Lucía Gajá, donde se muestra la realidad de las mujeres migrantes presas en Estados Unidos y la discriminación y anomalías que sufren durante sus procesos penales.
Rosa Estela comenzaba a adaptarse e integrarse a su nueva vida, a su nueva comunidad, sin embargo, no contaba con los documentos que regularizaran su estancia en el vecino país. Cuando vivía un segundo embarazo todo cambió. Se le responsabilizó por la muerte de un menor que se atragantó con papel y no respondió a los intentos de reanimación de parte de los paramédicos. Sólo se le acusó porque el pequeño estaba bajo su cuidado.
Para la fiscal del caso, Allison Wetzel, no había discusión posible: la mexicana actuó con premeditación y crueldad, e incluso señaló que todos los niños de Estados Unidos estaban en peligro potencial en caso de que personas como Rosa Estela quedaran exonerados. Los abogados de la connacional se empeñaron en todo momento en desmontar los argumentos de la fiscal y pusieron sobre la mesa que en el proceso en su contra no hubo presunción de inocencia, sino de culpabilidad, esto debido a que era una persona indocumentada y poco instruida. En su juicio se dieron varias anomalías, como han documentado diversas organizaciones civiles.
Esta noche, la cancillería mexicana dio cuenta de la liberación de Jiménez Olvera, la cual “fue posible gracias al decidido trabajo de diversos actores que la apoyaron ante las irregularidades que se mostraron en el juicio de primera instancia ocurrido en 2005. Entre ellos destaca la organización The Innocence Project, con sede en Nueva York, especializada en representar legalmente a personas que se presumen inocentes y la cual asumió la defensa de Rosa Estela en este último proceso judicial”.
La dependencia agregó que el trabajo del consulado general de México en Austin, fue un factor importante para que Rosa Estela accediera a los recursos de impugnación disponibles en la legislación de Texas y fundamental para que la jueza accediera a ordenar su libertad, que se concretó ayer.
“A lo largo de estos 18 años, el consulado general contribuyó a que el caso se mantuviera en constante revisión por las autoridades judiciales y acudió a todas las audiencias; la visitó de forma periódica y gestionó que recibiera atención médica en la prisión. Asimismo, la representación consular repatrió a los hijos de la connacional en 2004 para reunificarlos con su familia, con la que estuvo en estrecho contacto para mantenerla actualizada de la evolución del caso”.
La cancillería añadió que en 2011, el gobierno mexicano contribuyó, parcialmente, con los honorarios del abogado encargado de la apelación que se realizaba en ese año.
Indicó que debido a que existe una orden de remoción activa en contra de la mexicana, una vez que la jueza a cargo del caso ordenó su liberación, la embajada de México en Estados Unidos gestionó ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) su permanencia en territorio estadunidense, lo que le permitirá ejercer sus derechos en el supuesto de que la Fiscalía apele la decisión o inicie un nuevo juicio.