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Autonomía de fiscalías favorece falta de rendición de cuentas: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, durante la conferencia de esta mañana desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro
La secretaria de Gobernación, durante la conferencia de esta mañana desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro
28 de enero de 2021 09:35

Ciudad de México. El marco legal actual que regula el desempeño de las fiscalías estatales ha favorecido que la autonomía se ha tomado como una forma de no rendir cuentas ni de manera jurisdiccional ni de carácter político de su actuación para responder a los congresos estatales, aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Quisiera proponer una adición a estas normas constitucionales para que los fiscales respondan a sus mandantes, los congresos locales precisamente para que sus actuaciones estén estrictamente apegadas a la legalidad, constitución y a derechos”.

Si bien reconoció que no todos los fiscales actúan de la misma manera, en algunos estados los fiscales no tienen control de carácter jurisdiccional y menos aún de carácter político. Dijo que a través de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia se han dado seguimiento a algunos casos que se denuncian mediante el diálogo o a veces interponiendo algunos excesos.

En otro orden de ideas, cuestionada sobre la presencia del crimen organizado en la ciudad de México, la secretaría de Gobernación mencionó que hay colaboración con el gobierno de la ciudad de México y semanalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun participa en las reuniones de gabinete compartiendo información, de la cual, se desprende que todos los delitos han ido a la baja.

Sin embargo, admitió que hay grupos criminales en la capital en Tepito, Tláhuac y Tlalpan

Por otro lado, informó que la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia a su cargo, ha mediado en el conflicto entre las comunidades triquis, dándole seguimiento para buscar un acuerdo.

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De proceder las sanciones, el próximo magistrado presidente, Hugo Aguilar, deberá pagar 39 mil 712 pesos, a ministra Loretta Ortiz Ahlf, 127 mil 508 pesos y la presidenta del Consejo de la Judicatura, Celia Maya, 146 mil 884 pesos.

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La misión es la de colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Estado de derecho e inhibir los actos delictivos.
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