Morelia, Mich. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán aceptó las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en diciembre pasado, que le ordenan ofrecer una disculpa pública y la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la violencia y violaciones a derechos fundamentales suscitados en abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, informó el titular de la Fiscalía de Michoacán, Adrián López Solís.
La dependencia tiene hasta el próximo 22 de febrero para cumplir con ello, y de acuerdo con el funcionario, “atenderemos en sus términos prácticamente todo lo que indica esa recomendación”.
Respecto de si hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado bajo investigación, López Solís respondió que el caso está abierto y se tiene que trabajar con cuidado y apertura de quienes tienen derecho a coadyuvar y conocer su contenido antes de llegar a una conclusión.
“Se estará aceptando la recomendación como un mecanismo de garantía de respeto a los derechos humanos, de las personas que han sido víctimas directas o indirectas, pero sin prejuicio sobre el resultado que arroje la carpeta de investigación", subrayó.
La recomendación, emitida en diciembre de 2020, señala que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42VG/2020 al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y al Fiscal General del Estado (FGE-M), Adrián López Solís, por violaciones graves ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017, en los que se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”.
En el presunto enfrentamiento de hace casi cuatro años, la SSP movilizó a la comunidad de 300 elementos (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones). Las autoridades en su momento aseguraron que las fuerzas de seguridad habían sido recibidas a balazos, sin embargo, las cuatro personas ultimadas, entre ellas un joven de 16 años estudiante del Colegio de Bachilleres, no se encontraban armados.
Había un conflicto agrario con la comunidad vecina de Capacuaro, por lo que los habitantes de Arantepacua mantenían retenidos unos 40 vehículos desde semanas atrás, por eso arribaron las fuerzas de seguridad con el fin de recuperar las unidades.
Es por ello que la CNDH solicitó una disculpa pública para dignificar a las víctimas por parte de las autoridades estatales, con un reconocimiento público de su responsabilidad, la cual deberá ser traducida al purépecha, difundida en una radiodifusora con alcance en la comunidad de Arantepacua, así como en un medio de comunicación local.
También pide la colaboración en los procedimientos administrativos y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a la cadena de mando por la planeación e implementación del operativo.
“Con la finalidad de garantizar la no repetición de los hechos, se solicita el uso obligatorio de cámaras fotográficas, videográficas y de audio en los operativos que se realicen y la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza y adecuación a los estándares internacionales; la compensación e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que puedan recibir la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran, y la elaboración de un Plan Integral para la reparación del daño colectivo, tendiente a la recuperación del tejido social, que se llevará a cabo de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Ayuntamiento de Nahuatzen y la comunidad de Arantepacua, como con una perspectiva de género e interculturalidad”, finaliza el documento.
