Ciudad de México. Ante un incremento de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres a través de medios tecnológicos y redes sociales, y en vísperas del inicio de las campañas electorales, será necesario un compromiso mucho más alto de las instituciones y funcionarios públicos para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes contiendan por cargos públicos, advirtió Martha Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso capitalino.
Explicó que si bien el legislativo aprobó reformas al Código Electoral y la Ley Procesal Electoral en esa materia, por el tiempo en que se expidieron no aplicarán en el actual proceso electivo.
Al participar en un foro virtual con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, Juárez refirió que organizaciones sociales que han estudiado el tema indican que ha habido un incremento de la violencia política en contra mujeres en el ámbito digital, en tanto que el Instituto Electoral local (IECM) documentó varios casos en una evaluación de la incidencia de ese tipo de conductas.
En estos casos, refirió que ha sido recurrente el uso de mensajes con una connotación sexual que afectan “desproporcionadamente” más a las mujeres que a los hombres, para deslegitimar su desempeño.
Refirió como ejemplo el caso en 2018 de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Coyoacán, María Rojo Incháustegui, que en su carrera como actriz actuó en películas y sus contendientes utilizaron imágenes de desnudos para hacer una campaña sucia para intentar ensuciar su reputación.
Aludió a casos de mujeres políticas lesbianas en Zacatecas y Aguascalientes en los que se utilizó su preferencia sexual, “que es un dato sensible, sumamente íntimo y de máxima protección de acuerdo a la ley”, como parte de una campaña de denostación.
“La afectación a los derechos humanos de las mujeres está presente en diferentes espacios de su participación de la vida pública y tenemos que estar equilibrando, transitando, viendo caso por caso para generar leyes generales que resuelvan los diferentes problemas. Evidentemente la ley lo que hace es prevenir, buscar modelos educativos que prevengan esas conductas, se emiten medidas de protección, sanciones, protocolos y reparación daño”, apuntó.
Resaltó en ese sentido la importancia de que cuando un hecho sucede y el daño esté, exista la reparación y ante todo, la prevención, en los que el papel de los servidores públicos debe ser de mucho compromiso.
