La Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica exigió a los gobiernos de México y Guatemala actuar con celeridad para esclarecer los hechos de la nueva masacre en el municipio mexicano de Camargo, Tamaulipas, en donde el pasado 23 de enero aparecieron 19 cuerpos, baleados y calcinados, a bordo de dos vehículos incendiados.

En un pronunciamiento distribuido por la Universidad Iberoamericana (UIA) campus Puebla, la Red demandó dar con los responsables y procesar a los victimarios, además de identificar adecuadamente a las víctimas, presumiblemente migrantes guatemaltecos.

De confirmarse esta hipótesis, pidieron a las autoridades realizar las gestiones necesarias para garantizar la repatriación de los restos y el traslado a sus comunidades de origen, y adicionalmente brindar acompañamiento jurídico y psicológico a las familias guatemaltecas que tienen indicios que sus familiares podrían estar entre las víctimas de esta masacre.

Recordó también que en esta misma región del estado fronterizo con Estados Unidos se han registrado en el pasado actos similares aún sin esclarecer, algunas contra migrantes, como en San Fernando, en el año 2010; Cadereyta, 2012, y Ciudad Mier, en 2020, en las que se han desaparecido expedientes y destruido evidencias. “Esta grave violación a los derechos humanos obedece a la corrupción e impunidad sobre la que se han construido los estados de la región”, indica la Red Jesuita.

“Denunciamos la tolerancia de los Estados con territorios dominados por el poder fáctico de los criminales que acechan a personas que huyen de la violencia y se encuentran con más violencia. La migración es un derecho y la respuesta no puede ser la militarización de las fronteras ni la criminalización de las personas migrantes”, indica el posicionamiento.

Asimismo, la Red explica que desde el pasado domingo, un día después de conocerse la masacre, familiares del Departamento guatemalteco de San Marcos, de los municipios de Comitancillo, Sipacapa y Catarina, exponían supuestamente los nombres y datos de las personas supuestamente asesinados. Algunas de los familiares contactaron a la Red religiosa de la Compañía de Jesús, quienes se reunieron el mismo lunes con el Ministerio del Interior de Guatemala, para dar iniciar las pruebas de ADN para identificar los cuerpos.