Como parte de los procesos administrativos que tiene abiertos contra personajes del sexenio pasado presuntamente involucrados en la llamada estafa maestra, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió sancionar con una inhabilitación por diez años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Manuel Galván Arcos, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), por haber ocultado cuentas bancarias con un monto de más de 3 millones de pesos.

En 2019, al detectar probables irregularidades en la paraestatal ligadas a la estafa maestra, la SFP presentó varias denuncias contra Galván Arcos y otros funcionarios de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el hoy sancionado está suspendido de su actual cargo como gerente de Operación y Control Financiero de Proyectos Industriales y Logística, dentro de la Dirección Corporativa de Finanzas de esa empresa del Estado.

La sanción, informó la SFP, “es resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador”, donde se encontró que cuando el funcionario estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013 a 2016 “omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos”.

Con esta omisión, agregó la dependencia, Galván Arcos –quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto también ocupó la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex— infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.

El funcionario tiene derecho a impugnar esta sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La SFP subrayó que “durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”.

Agregó que esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaria titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con la estafa maestra.

En los dos primeros años de la actual administración federal, informó, se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.

Sobre esta sanción, la secretaria Sandoval Ballesteros indicó: “Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto”. Añadió que “la declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente”.