Ciudad de México. Los ocho centros penitenciarios que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, contrataron para décadas y bajo un monto ahora en investigación, absorbieron el 83.4 del gasto realizado en los 19 penales federales que operaron durante 2019, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 21 mil 470 millones de pesos que el gobierno federal ejerció en las prisiones de máxima seguridad durante 2019, esos ocho centros destacan como los que más recursos públicos recibieron; todos ellos costaron más de 2 mil millones de pesos del año, cinco e incluso 20 veces que prisiones con igual capacidad.
El más caro, el de Michoacán, absorbió recursos públicos por 2 mil 602.1 millones de pesos, equivalentes a 5.3 veces lo que se gastó en el Oriente de la Ciudad de México también en 2019. Esto pese a que la cárcel negociada con la Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán tiene capacidad para recibir a 558 reos menos.
Por medio del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, el Inegi reportó que en 2019 se ejercieron en esta estructura 21 mil 470 millones de pesos, lo que representó un aumento de 43.6 por ciento respecto al año previo.
Esto implica un costo promedio anual de un millón 243 mil 141 pesos por cada una 17 mil 271 personas privadas de su libertad durante el 2019. Por género, 95.2 por ciento de las personas privadas de la libertad eran hombres (16 mil 438) y 4.8 por ciento (833) mujeres.
Además del gasto, destaca la dilación en los procedimientos penales.
Mientras 32.9 por ciento de la población en cárceles tenía una sentencia definitiva, 26.9 por ciento tenía una no definitiva y otro 40.2 por ciento —es decir, la mayoría— se encontraban sin sentencia. Entre estos últimos, nueve de cada diez llevaban esperando más de un año a que se les dictara una pena; era el caso de 89.8 por ciento en hombres y 94.8 por ciento en mujeres.
Inegi también reportó sobre las ocupaciones en la población privada de la libertad. El 40.6 por ciento recibía capacitación, 38.8 por ciento trabajaba, 19.8 por ciento estudiaba y 0.8 por ciento realizaba otra actividad.
El organismo también evidenció que en 2019 se impusieron 643 sanciones disciplinarias a los servidores públicos de los centros penitenciarios federales. Entre las más destacadas, 43.7 por ciento se impusieron contra funcionarios que no justificaron faltas y 39.4 por ciento a quienes facilitaron a las personas privadas de la libertad “la realización de actividades no autorizadas”.
