La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera un cercano colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Castillo Cervantes fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, cargo en el correspondió atender la problemática de las autodefensas en la entidad, mismo que no pudo resolver; posteriormente, el ex mandatario lo nombró como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde se le acusó de diversas irregularidades.

La SFP informó este martes que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades” se determinó imponer la inhabilitación por una década al ex funcionario federal debido a que “faltó a la verdad” en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años, de 2014 a 2016, omitiendo declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

El ex funcionario ya fue notificado de la sanción administrativa. Funcionarios de la SFP detallaron que Castillo Cervantes puede impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agregaron que en caso de presunción de delitos penales, correspondería a la Fiscalía General de la República indagar los probables delitos.

Esta sanción deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el que después de “un minucioso procedimiento administrativo sancionador”, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial encontró irregularidades y omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”, señaló la SFP en un comunicado.

Castillo Cervantes fue uno de los hombres más cercanos al ex presidente Peña Nieto, incluso desde que éste fue gobernador del estado de México.

Comenzó su trayectoria en 2002 como asesor del entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, también pasó por la extinta Agencia Federal de Investigación y posteriormente como director de servicios de seguridad privada en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Fue subprocurador del estado de México durante el gobierno de Peña Nieto. En ese cargo fue el encargado de las investigaciones por el caso de la niña Paulette Gebara Farah, quien en marzo de 2010 presuntamente desapareció de casa de sus padres y ocho días después apareció muerta en su propia habitación, envuelta en sábanas y entre el colchón de su cama, caso que a la fecha sigue generando dudas.

Ya con Peña como mandatario federal, Castillo Cervantes fue nombrado primero como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; un año después, al surgir el conflicto de las autodefensas en Michoacán, se le envió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en ese estado, cargo que ostentó por poco más de un año y en el que lejos de resolver el conflicto, lo agudizó.

Pese a su fracaso en Michoacán, en abril de 2015 Peña Nieto lo arropó al nombrarlo titular de la Conade, donde se le ha señalado de diversas irregularidades detectadas incluso por la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas la compra de persianas por 14 millones de pesos, operciones fuera de la normativa de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte al entregar apoyos sin adjudicación y formalización de contratos; o la no justificación de más de 11 millones de pesos en apoyos especiales y ordinarios a varios atletas.

También se le señaló de haber llevado a su novia como parte de la degelación mexicana a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en 2016. Ante esas denuncias, Castillo reconoció que se trató de una “imprudencia” y aseguró que no usó recursos públicos para el traslado y estancia de su pareja a la justa deportiva.

La SFP aseguró que durante el procedimiento en contra de Castillo Cervantes, la autoridad administrativa respetó su presunción de inocencia y le garantizó el derecho de audiencia.

Durante los dos primeros años del actual gobierno federal, la SFP ha iniciado 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa, y de los cuales se han resuelto a la fecha 20 mil 222.