Ciudad de México. En un hecho histórico e inédito, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México entregó ayer a la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia de desafuero del legislador petista, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a fin de proceder penalmente en su contra por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

A lo largo de su trayectoria política ha sido señalado en innumerables ocasiones de actos de corrupción, como en 2013, cuando el Partido Acción Nacional lo acusó de amenazar de muerte a un empresario inmobiliario e intentar extorsionarlo con 1.6 millones de pesos a cambio de no clausurar la construcción de 120 departamentos en Céfiro 120; así como de violencia política.

Como ex jefe delegacional de Coyoacán dio la orden a su sucesor, Valentín Maldonado, de impedir el mitin del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el jardín Hidalgo, por no contar con el permiso respectivo; ese día se cometieron agresiones de trabajadores de la delegación en las que resultaron lesionados tres reporteros.

En 2017, como diputado local fue acusado junto con Leonel Luna y Jorge Romero del desvío de 5 mil 301 millones de pesos del fondo para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo, para adquirir tabletas electrónicas, juguetes y regalos; dos años después fue denunciado por el cobro de cuotas a trabajadores de Coyoacán.

En un mensaje virtual, la titular de la FGJ, Ernestina Godoy, informó que desde el 4 de septiembre pasado, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación por un aumento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados.

Dicha situación fue comprobada tras el análisis de declaraciones patrimoniales de 2006 a la fecha, información registral y notarial de diversos inmuebles, dictámenes periciales y contables, e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre sus estados financieros, señaló.

Una vez que se apruebe su de-safuero, se procederá penalmente contra él para que pueda comparecer y tener un juicio justo, pues el fuero constitucional no es sinónimo de impunidad. No toleraremos hoy ni nunca que un servidor público se sirva de sus cargos para beneficio personal, advirtió.

No hay cacería de brujas

Fuentes de la administración capitalina destacaron que esta solicitud es histórica e inédita y ha llevado también al congelamiento de sus cuentas, aunque el problema reside en tres propiedades declaradas, una de ellas con un valor exorbitante, de varios millones de pesos, que no concuerda ni con mucho con los ingresos recibidos como servidor público.

Confiaron en que el retiro de su inmunidad procesal será rápido, pues la fiscalía cuenta con una carpeta sólida y en cada fase de ese procedimiento probará su responsabilidad penal en el delito de enriquecimiento ilícito.

“No se trata de una cacería de brujas, aunque puede ampararse o huir, pero si no tiene nada qué esconder, enfrentará la justicia, de lo contrario estaría asumiendo su culpabilidad”, consideraron.