Juchitán, Oax. Fidel Heras Cruz, defensor comunitario opositor a los megaproyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde, fue asesinado con disparos de arma de fuego la tarde del sábado a unos 300 metros del acceso principal a la comunidad La Esperanza, municipio de Jamiltepec, en la costa oaxaqueña.

El defensor de la tierra y el territorio fungía también como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

Organizaciones sociales de Oaxaca, entre ellas el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, así como autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna, señalaron que el crimen podría tener un “móvil político”.

En un comunicado, recordaron que el pasado 21 de enero Heras Cruz recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje que desconocidos le dejaron en las obras de construcción de la sede del comisariado.

Indicaron que por esos días, “el agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran y escoltaron hasta llegar al poblado.

Refirieron que desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo.

“La comunidad inicialmente se opuso y ante esta situación se vio obligada a suscribir un convenio; sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río.

“La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”.

Relataron que en diciembre de 2020 se suspendió la extracción del material y dejaron la maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reina. “A los pocos días, las máquinas

sufrieron daños menores, lo que ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo de Chulindo Iglesias, extinto cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río.

Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y amenazó a Fidel Heras”, aseguraron las organizaciones sociales.

El 17 de enero pasado tuvo lugar una asamblea de ejidatarios en la que Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado; en la reunión se acordó invertir los recursos de la extracción.

Según testimonios de algunos ejidatarios, en el encuentro se habló de un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y se dijo que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Hasta ahora, la Fiscalia General del Estado (FGE) no ha informado nada respecto al homicidio, por lo que organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Servicios del Pueblo Mixe A.C, exigieron a las autoridades dar con los responsables.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el crimen del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y solicitó medidas cautelares.

El organismo autónomo inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021, y pidió a la FGE dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.