Ciudad de México. Un grupo de al menos 25 familias originarias de Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas, dejó sus casas y se encuentra desplazado de manera forzosa, luego de que integrantes de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (GOPES) –creado apenas en agosto de 2020– entraran en varias ocasiones a la comunidad para agredir, robar e intimidar a sus habitantes.

En entrevista con La Jornada, representantes de las familias afectadas explicaron que el pasado 6 de enero entró al pueblo un grupo de agentes estatales, el cual allanó varios domicilios de forma violenta y se llevó al menos a cuatro personas, sin explicar el motivo de la detención ni mostrar una orden judicial para ello.

“A mi esposo, Luis Alberto Herrera Ávalos, lo sacaron de mi casa sin tener motivo, el 6 de enero como a la 1:30 de la tarde. Los estatales lo sacaron a la fuerza, nos rompieron todo y me reventaron el candado para abrir forzosamente”, detalló Nora Estefanía Noyola Fernández.

Ese mismo día los uniformados entraron en la casa de la señora Anabel Bocanegra y se llevaron a sus hijos Brian Eduardo y Mario Alexis, a quienes trasladaron a un cuartel en la vecina Ciudad Miguel Alemán. Además de los dos hermanos y de Luis Alberto Herrera, los policías estatales se llevaron consigo a José Jaime Santacruz.

Una vez en Miguel Alemán, explicaron los denunciantes, un grupo de la delincuencia organizada que opera en dicha comunidad irrumpió en los separos donde se encontraban los cuatro hombres y los sacó de ahí, al asumir que eran probables miembros de un cártel rival, sólo por el hecho de ser de Ciudad Mier.

Aunque los dos hermanos lograron escapar, tanto Herrera como Santacruz sí fueron llevados por los presuntos criminales y hoy se encuentran en calidad de desaparecidos.

Represión indiscriminada y omisión militar

En protesta por la incursión violenta de la policía y para exigir la presentación con vida de los dos hombres, habitantes de Mier realizaron una manifestación pública el 13 de enero en la entrada de la comunidad, a donde llegaron de nueva cuenta policías estatales, esta vez acompañados por integrantes del GOPES, para atacarlos y amenazarlos.

“Estas personas ingresaron disparando, sin importarles que hubiera niños, adolescentes, gente ya mayor. A todos los golpearon muy feo, no tuvieron piedad de nadie. En total, ese día lastimaron a unas 20 o 25 personas”, narraron las víctimas de desplazamiento.

María de Jesús Ramírez Rodríguez indicó que ese día se sumó a las manifestaciones de protesta por los abusos de los elementos policiacos, sin saber que ella y su familia iban a ser agredidas y robadas por los uniformados

“Yo iba con mi esposo y mis dos nietecitas, de tres y de cinco años, y a una le arrebataron su tablet. Iba con mi hija también y a ella le quebraron el brazo. Sin piedad, me cortaron el pelo con una navaja, me estamparon la cabeza en los vidrios de una troca y me pegaron con un bat. Mi cuerpo está tupido de moretones”, lamenta la mujer.

Además de ello, contó, los policías le robaron 50 mil pesos con los que ese día iba a surtir la tienda de abarrotes que tiene en Ciudad Mier. “Me dijeron que yo nunca iba a poder con ellos porque eran del cártel del Golfo y la mera verdad tengo mucho miedo. Me dejaron en ceros en mi negocio, ¿por qué hicieron eso, si se supone que son ley?”, se preguntó.

Estefanía Noyola, esposa de Luis Alberto Herrera, coincidió en el alarde verbal de impunidad que hicieron tanto los GOPES como los estatales.

“Ellos nos decían que si vinieran soldados y marinos, no les podrían hacer nada, porque ellos son más fuertes. De hecho, cuando nos empezaron a tirar, los soldados ni salieron, y eso que tenemos un cuartel (del 105 Batallón de Infantería) ahí en Ciudad Mier, pero no fueron ni para brindarnos su ayuda. Es un cuartel como de 400 elementos y nadie salió. La entrada de la ciudad está cerquita, no creo que no haya oído”, aseveró.

Las agresiones, dijo, incluyeron tocamientos indebidos de carácter sexual. “A las mujeres las estaban desnudando, les estaba levantando la blusa para arriba”.

“Alguien nos tiene que escuchar”

Ante la magnitud de la agresión del 13 de enero y las incursiones constantes que han hecho los policías en el pueblo de forma constante, alrededor de cien habitantes pertenecientes a una treintena de familias, decidieron salir de Ciudad Mier por tiempo indefinido.

Gilberto Almanza, representante legal de las familias desplazadas, explicó que aunque las víctimas ya interpusieron demandas a nivel local, saben que éstas no serán atendidas en Tamaulipas, y por ello también decidieron viajar a la Ciudad de México para iniciar quejas ante diversos organismos –como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Senado– con la esperanza de ser escuchados.

“Queremos que la autoridad federal le mande una notificación al de Tamaulipas para que el gobernador tranquilice al GOPES, que se haga justicia y que nos ayuden. Alguien nos tiene que escuchar, ya estamos cansados de tanta injusticia y de vivir con miedo. No puedes ni salir a la tienda por temor a que lleguen disparando o a levantar a gente inocente”, enfatizaron las víctimas.

Para el litigante, los ataques e intimidaciones de los mencionados agrupamientos de policía en contra de los habitantes de Mier sólo se explica por el hecho de que estén trabajando para el crimen organizado con el objetivo de ayudarlos al control territorial de esa zona.

“Es lo que se presume y se entiende, (estarían en complicidad) con el cártel del Golfo, que opera en Reynosa y Ciudad Miguel Alemán. En Mier trabaja un grupo rival, y los mandan a ellos (los policías) para que hagan el trabajo sucio”, estimó.

Almanza recordó que el GOPES es un cuerpo surgido apenas a mediados de 2020 y se integra por los mismos elementos del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), desaparecido luego de que en septiembre de 2019 participaran en la ejecución de ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, en un acto donde manipularon la escena del crimen –con ayuda del Ejército– para fingir un enfrentamiento.

A unos cuantos meses de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca echara a andar oficialmente al GOPES, el pasado 7 de agosto de 2020, el grupo ya ha acumulado diversas quejas por su actuación presuntamente abusiva.

“En el municipio de Guerrero también entraron a golpes y se llevaron a 11 personas, nada más que a ellas sí las pusieron a disposición del Ministerio Público. Desde su creación ha habido ya varias quejas en contra de ese grupo, y no sólo del lado de la frontera, en el que estamos nosotros, sino también del lado de Matamoros, Tampico. Andan haciendo de las suyas por todos lados”.

El sentimiento de indefensión ante el GOPES, admitió Almanza, deriva de que “a final de cuentas, son autoridad y con la mano en la cintura te pueden ‘cargar’ con algo y ya, te detienen y te desaparecen. ¡Qué bueno fuera que te pusieran a disposición de una autoridad, pero no: van y te llevan a otra parte. Y ese es el miedo”.