La iniciativa de ley Acta de Ciudadanía de Estados Unidos 2021 es parte de un esfuerzo para restablecer humanidad y valores estadunidenses a nuestro sistema de inmigración, según la Casa Blanca, y establece una ruta de ocho años hacia la ciudadanía para muchos de los 11 millones de inmigrantes sin documentos (casi la mitad son mexicanos).

Los migrantes elegibles que se encontraban en el país al 1º de enero de 2021 podrán solicitar un estatus legal temporal por cinco años con la posibilidad de pedir después de ese plazo su residencia permanente (los green cards) si cumplen con ciertos requisitos como verificación de antecedentes criminales y pago de impuestos. Tres años después podrían requerir la ciudadanía.

Para los aproximadamente 645 mil beneficiarios del programa DACA (la mayoría, mexicanos), conocidos como dreamers, los jornaleros agrícolas que cumplan con ciertos requisitos y los más de 400 mil migrantes que viven en Estados Unidos con Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán solicitar las green cards de inmediato. Tres años después de obtenerlas tendrán derecho a pedir la ciudadanía si cumplen con ciertos requisitos.

La propuesta prevé la ampliación del sistema de procesamiento de casos de asilo y refugiados, que incluye mejorar los tribunales de inmigración, privilegia la prioridad de mantener unidas a las familias migrantes y no se contemplan nuevas medidas extremas de control migratorio como en propuestas anteriores, señalaron promotores de derechos de los migrantes.

La iniciativa también busca abordar las causas de raíz de la migración promoviendo mayor desarrollo económico en algunos países del hemisferio occidental.

Más aún, por primera vez el proyecto de ley cambia el término “alien” (extranjero) por no ciudadano en las leyes, en reconocimiento al hecho de que Estados Unidos es nación de inmigrantes.

La reforma legislativa propuesta, si es aprobada, sería la más grande del sistema de migración de Estados Unidos desde la administración del presidente republicano Ronald Reagan en la década de los 80.

Intentos de promover una reforma migratoria integral han fracasado repetidamente en las últimas dos décadas, a pesar de apoyo público y de sectores sindicales y empresariales. Expertos y legisladores pronostican que será igualmente difícil aprobar esta iniciativa sin varios cambios, ante la oposición de republicanos a este tipo de propuestas en el pasado, algunos de los cuales ya han calificado la iniciativa actual de amnistía masiva para quienes han violado leyes migratorias.

Sin embargo, promotores celebran el impulso de una propuesta ambiciosa sobre migración como parte del estreno del nuevo gobierno, y esperan que contarán con un amplio apoyo no sólo de migrantes, sino también de sectores empresariales, religiosos y otros que reconocen la contribución de los indocumentados, algo que ha quedado resaltado durante la pandemia por la presencia enorme de inmigrantes en sectores considerados ahora esenciales.

Revertir órdenes de Trump

Mientras se inicia el debate sobre el proyecto de ley, el gobierno de Biden está procediendo de inmediato con disposiciones que no requieren de la aprobación legislativa para transformar la política migratoria. Ya que muchas de las medidas antimigrantes de Trump fueron implementadas a través de órdenes ejecutivas o procesos administrativos, Biden empezó ayer a emitir las primeras órdenes ejecutivas para revertir las de su antecesor.

Este miércoles emitió órdenes para revertir la prohibición de viajes desde países musulmanes impulsada por Trump, para preservar y consolidar protecciones contra la deportación de los llamados dreamers, anuló la orden de Trump de esfuerzos agresivos para ubicar y deportar a indocumentados y frenó la construcción del muro fronterizo para evaluar su futuro.