Ciudad de México. Los procuradores y fiscales del país manifestaron su apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), ante la “reacción de diversos sectores de la sociedad en torno al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda”, luego de que se determinó que no existían elementos para imputarle la comisión de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo consideró la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Los encargados de procurar justicia consideraron que que todas las “determinaciones que se adoptan en las investigaciones a cargo de la FGR se hacen bajo los principios de objetividad y legalidad”.

Los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), los fiscales y procuradores señalaron que “es importante para las instituciones de procuración de justicia que la ciudadanía tenga confianza de que las determinaciones se se adoptan se dictan siguiendo estrictamente lo que marca la ley, priorizando en todo momento como principio básico del funcionamiento del Ministerio Público la objetividad que implica que se procure justicia acusando al culpable, pero también haciéndolo contra quien no lo es o en contra de quien no hay datos de prueba suficientes para sostener una imputación”.

En el posicionamiento se señala que “cuestionar fuera del ámbito legal las determinaciones de los órganos de procuración de justicia, mediatizarlas o politizarlas de acuerdo al sujeto beneficiado o perjudicado por ellas, no abona en nada al necesario fortalecimiento del Ministerio Público que debe producirse en el país”.

Indicaron que las fiscalías y procuradurías luchan “día a día en contra de la impunidad y la corrupción; en todas las investigaciones se busca el esclarecimiento de los hechos de manera objetiva, sin distingos ni favoritismos, para que el responsable no quede impune y las víctimas sean resarcidas en sus derechos”.

mencionaron que “afortunadamente se han erradicado vicios de antaño, como la persecución por sospecha, sin contar con los elementos mínimos que hagan presumir la probable participación de una persona en la comisión de un delito”.