Ciudad de México. En estos dos años de administración federal ha habido un “desmantelamiento institucional, del sector dejando en el olvido la atención jurídica y de desarrollo productivo”, consideró Luis Gómez Garay, secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular.

En un mensaje el dirigente de la UGOCP, recordó que “desde el 2018, la Cámara de Diputados desapareció la Comisión de Reforma Agraria, mientras que la antigua secretaria de la Reforma Agraria se convirtió en la Sedatu institución sin funciones de desarrollo agrario y en precariedad para ejercer los instrumentos de regularización y solución de conflictos agrarios”.

Mientras que a las instituciones agrarias como “el Registro Agrario Nacional (RAN), FIFONAFE o la Procuraduría Agraria (PA), se les mantiene en una oprobiosa marginalidad”.

Indicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) “por su parte, en la cuestión productiva el Estado mexicano se dio a la tarea de desaparecer los programas eficaces, desvinculó la producción de las cadenas de valor, escamoteó la modernización de sus sistemas de producción, de transferencia de tecnología y de canales de comercialización para arrinconarlos al autoconsumo y a los programas de dádivas sociales que anclan al campesino a la pobreza permanente”.

“Lo agrario es un tema carente de importancia para la nueva moda sexenal. Para los funcionarios enamorados del urbanismo citadino el tema agrario es moda pasadas, anticuado y falto de pertinencia”.

Durante la definición del presupuesto 2020, “el sector rural sufrió el maltrato de la mayoría de los legisladores de la Cámara de Diputados, reduciendo en alrededor de 17 mil millones de pesos su presupuesto para el programa Especial Concurrente y Desarrollo Rural Sustentable, en el cual la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional no tienen presupuesto visible mientras que los aspectos de solución de conflictos agrarios son, en la práctica, inexistentes. Lo anterior es grave, en un sector que requiere la rectoría del Estado para su desarrollo integral, social y productivo”.

Se pronunció por “no discursos ni dadivas, sino una estrategia de desarrollo rural generadora de una distribución justa de la riqueza a través de una producción real y un mercado justo”.

Remarcó la importancia del sector agrario, pues “son más de 30 mil ejidos, casi 2 mil 400 comunidades agrarias; 120 mil poblados rurales; 2.6 millones de solares, 5.3 millones de parcelas ejidales y dos millones de comuneros. Casi 30 millones de hombres y mujeres forman parte del México rural que demandan políticas públicas para su desarrollo en un país que, por décadas, ha dado promesas de futuro y no soluciones a la pobreza y el atraso del presente”.