Ante este panorama, existe una omisión legislativa que violenta el derecho humano a un ambiente sano, considera la académica Izarelly Rosillo, autora del informe.

De acuerdo con la información, a escala global se producen 300 millones de toneladas anuales de residuos plásticos, de los cuales 13 millones llegan a los océanos. Los daños que producen en los ecosistemas marinos ascienden a 8 mil millones de dólares

De acuerdo con el estudio Marco jurídico regulatorio en materia de plásticos desechables en México, los residuos plásticos pueden ser generados por grandes y pequeños generadores y su atención está sujeta a criterios de competencia federal, en el supuesto de que tuvieran componentes peligrosos.

En el ámbito de responsabilidad local, para estados y municipios, está determinada por el tipo de residuos. Es decir, los de manejo especial y grandes generadores son competencia de las entidades, y los sólidos urbanos y pequeños generadores son de competencia municipal.

En México, refiere el documento, existe una ausencia de regulación, debido a que desde 2003 la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece la obligatoriedad de que los estados cuenten con una ley de residuos y no todos la tienen.

En 22 por ciento del territorio nacional se carece de esta ley, es decir, sólo 23 estados cuentan con legislación en la materia. El resto sólo dispone de regulaciones que están en el marco de una ley ambiental.

De igual forma, sólo 30 entidades cuentan con regulaciones de plásticos de un solo uso; el estado de México y Tlaxcala carecen de ello.

Una segunda evidencia, es que las regulaciones de plásticos de un solo uso se localizan en el marco de leyes ambientales, pero también en el marco de leyes de residuos.

Quiere decir que nosotros tenemos una dispersión de normas, lo cual dificulta su cumplimiento, para los sujetos regulados, llámense generadores, productores, distribuidores o comercializadores de productos, subraya el informe.

Por ello, es muy importante que los estados faltantes impulsen sus leyes de residuos y puedan incorporar los instrumentos de gestión y de control para homologación de los mismos.

Al respecto, el informe precisa que el marco regulatorio debe estar acompañado de instrumentos de gestión e incentivos que complementen todo un paquete para impulsar un tránsito progresivo a un modelo de economía circular.