Ciudad de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras claras de que no investigará ni juzgará a los altos mandos militares supuestamente involucrados en delitos y violaciones de derechos humanos, por lo cual es necesario que víctimas y organizaciones civiles impulsen por su cuenta procesos de justicia transicional.

Así lo afirmaron los participantes en un conversatorio virtual sobre el tema, quienes destacaron los riesgos de la creciente militarización del país y recordaron que las Fuerzas Armadas son la institución con más quejas en contra por episodios de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Jacobo Dayán, presidente del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que aunque fue el propio López Obrador quien durante su campaña presidencial puso sobre la mesa el tema de la justicia transicional, una vez en el gobierno se olvidó de sus compromisos e impulsó una agenda totalmente contraria.

“Hemos visto una creciente militarización, la creación de la Guardia Nacional, reformas a la prisión preventiva, la eliminación de los fideicomisos y la falta de presupuesto a las comisiones de búsqueda. No parece que el gobierno tuviera voluntad política” para responder a las necesidades de las víctimas, lamentó durante el foro titulado “Debates actuales sobre la justicia en México”.

Dayán estimó que se necesita crear una presión social suficiente para “orillar al gobierno a discutir temas como las comisiones de la verdad y el mecanismo internacional extraordinario contra la impunidad, pero no están hablado de eso los medios, los empresarios, la Iglesia. Se necesita articulación social para presionar por esta agenda y hay mucho ruido y poca discusión”.

Pese a ello, consideró que la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, a realizarse en agosto próximo, puede abrir la puerta nuevamente a que se debatan temas de justicia transicional y presionar a los partidos de oposición a presentar iniciativas concretas en la materia.

Graciela Rodríguez, directora de la CMDPDH, coincidió en que la militarización de la seguridad pública y de otros aspectos de la vida nacional “se ha convertido en suelo fértil” para la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como parte de un clima de “terror político” que no es producto de la casualidad.

En ese contexto, lamentó que en el actual gobierno “no hay capacidad ni voluntad política para investigar”, por lo que “es momento de voltear a ver a los movimientos de víctimas” para que ellas impulsen mecanismos internacionales contra la impunidad y comisiones de la verdad, entre otras herramientas de justicia transicional.

Por su parte, Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, alertó que existe un riesgo muy alto de transferirle tantas capacidades al Ejército y la Marina, porque son las instituciones con más denuncias en contra por abusos graves contra civiles, y se rigen por leyes que les permiten reservar información con el argumento de la “seguridad nacional”.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se sumó a la percepción de que el actual gobierno de México no tiene voluntad política de investigar ni sancionar a los militares responsables de abusos, por lo que la tarea de impulsar esta agenda debe recaer en la sociedad civil.

“Los estatutos de la Corte Penal Internacional dicen que su competencia entra cuando los países no quieren o no pueden investigar, y a estas alturas se demuestra que no hay camino para la justicia en México. No podemos esperar a que el gobierno lo haga: las víctimas y la sociedad civil organizada son quienes lo han hecho en otro países”, recordó.