En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional también dio a conocer que recibió una carta de Julio Villarreal, propietario de Altos Hornos de México, proponiéndole el pago de cuatro parcialidades de 50 millones de dólares, que suman los 200 millones del quebranto al erario con la compra de la planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.

Además se refirió a la crisis de Interjet, donde hubo malos manejos –dijo–, y exhortó a los propietarios a rescatar su empresa, porque el gobierno no está diseñado para salvar de la quiebra a nadie, pues su interés es atender al pueblo.

Al reprochar la mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los públicos en los reclusorios privados, desglosó la forma de resolver ese desfiguro calderonista que aún atenta contra el erario:

He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes: Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe lograr en beneficio de la hacienda pública. Lo siguiente o, al mismo tiempo en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se logra un arreglo.

Lo que falta por pagar

En su turno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez, precisó los contratos de prestación de servicios para ocho centros penales: en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (el femenil), Michoacán y Guanajuato, donde se atienden –según datos al 11 de enero pasado– a 12 mil 284 reos en total, y en los últimos nueve años se han pagado 75 mil 661 millones de pesos, cifra que corresponde a 36 por ciento del pago total.

“Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos, que corresponderá, en algunos penales, cubrir hasta 2032 y en otros en 2036 o 2037… Voy a poner el ejemplo del femenil de Morelos: mil 867 millones se tienen que pagar al año, y ahí hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo al año de 2 millones 308 mil pesos; esto corresponde a 192 mil pesos al mes y seis mil 411 se paga por cada una de ellas al día.”

En tanto, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, reitero que los contratos casi llegan a 270 mil millones de pesos y se dieron por adjudicación directa. Reveló el contenido de la cláusula novena, que señala: Los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno.

Propuesta de Altos Hornos

En su alocución, el Presidente de la República describió que ayer recibió una carta de Julio Villarreal (también propietario de Villacero) en la que acepta el pago del desfalco que propiciaron Alonso Ancira y el gobierno de Enrique Peña Nieto: “Que están dispuestos a devolver los 200 millones de dólares. Ahora falta que la fiscalía (General de la República) resuelva si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta reparación del daño, si es legal, si está permitido, si lo podemos hacer. Si la fiscalía dice: ‘Adelante’, pues ya tendríamos 50 millones de dólares para este año, y ya veríamos en qué los ocupamos, irían al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y de ese organismo a un programa, una acción, un beneficio a comunidades.

Nos importa mucho el que haya castigo a los responsables, pero también el recuperar lo robado.