Ciudad de México. De cara al proceso electoral de este año, la Secretaría de Bienestar ratificó la política de “cero tolerancia al uso indebido de los programas sociales” y el compromiso de “respetar la imparcialidad para que el voto de los mexicanos sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno”.

El secretario Javier May Rodríguez aseveró que no se permitirá el uso electoral de los programas sociales y, en caso de que se incurra en faltas, “se dará vista a las autoridades electorales y penales hasta llegar a las últimas consecuencias”.

“Estoy seguro de que, entre todos, lograremos que este 2021 la jornada electoral sea ejemplar, como nunca antes en la historia de México”, subrayó May Rodríguez, en un mensaje dirigido a los servidores públicos de la dependencia federal, en el marco de una reunión virtual celebrada con los delegados estatales sobre los programas prioritarios.

Agregó que en breve se darán a conocer los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral 2021, emitidos por la Secretaría, para precisar las acciones a realizarse antes y durante las campañas electorales, así como de manera previa y durante la jornada electoral.

Dijo que el blindaje electoral de los programas sociales establece, con base en la normatividad específica, lo que se puede y lo que no se puede hacer; refuerza las conductas éticas que deben mantener las y los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar durante los comicios, y prevé la verificación y resguardo de inmuebles y vehículos en el marco del día de la elección.

En el inicio de los trabajos del Blindaje Electoral 2021 se convocó a un Programa Integral de Capacitación que llegará a todo el personal de la Secretaría, incluyendo directivo, administrativo, Servidores de la Nación, técnicos del programa Sembrado Vida, entre otros.

El Programa Integral de Capacitación es impulsado por la dependencia federal, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al respecto, el secretario Javier May explicó que el personal de Bienestar recibirá las herramientas necesarias para garantizar que los recursos de los programas sociales sean destinados “exclusivamente a las personas beneficiarias en tiempo y en forma, creando conciencia sobre las acciones que constituyen delitos electorales graves y sus consecuencias”.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar bajo los principios que nos rigen como servidores públicos: honestidad, integridad, transparencia, legalidad y rendición de cuentas, y refrendamos el compromiso de respetar el principio electoral de imparcialidad”, sostuvo May Rodríguez.

En la reunión también participaron de manera virtual el fiscal especializado en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, así como el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.