Buenos Aires. Tres de las cuatro entidades del campo que comenzaron un paro patronal el pasado lunes levantaron este miércoles la medida de fuerza, ya que el gobierno había anunciado anticipadamente medidas que estos sectores reclamaban, y además no tuvo el efecto esperado debido a que habían posiciones divergentes dentro de las propias empresas de granos, y la comercialización no se vio afectada, con lo que fracasó el intento de crear una situación similar a la de marzo a julio de 2008, cuando otra protesta apuntaba a un golpe de Estado contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y la Federación Agraria (FA) anunciaron la decisión de “levantar el cese comercial y buscar el máximo diálogo posible”, mientras que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, consideró la protesta como una acción “prácticamente imperceptible” porque no se paró la comercialización de granos.
Este martes hubo bloqueos contra algunos camiones que transportaban los granos hacia esta capital, incluso se derramó en la carretera una parte de las cargas, lo que determinó una fuerte protesta gremial de camioneros y otros sectores, pero no se pudo detener la comercialización. La FA no logró movilizar sectores de importantes provincias y hubo severas críticas a la dirigencia por acompañar estas medidas sin consenso y en un momento tan grave para el país.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió dar de baja el tope de 30 mil toneladas diarias de maíz, fijado para las exportaciones de este producto, al acordar con el Consejo Agroindustrial Argentino, realizar conjuntamente el monitoreo del saldo exportable del grano, para no afectar el consumo interno. Fue otro golpe para la opositora alianza derechista Cambiemos y los medios de comunicación asociados que apoyaron y alentaron el paro patronal. Coninagro, la cuarta entidad de la Mesa de Enlace, no adhirió a esta medida.
Piden liberar a Milagro Sala
En estos días, en tanto comenzó una fuerte demanda de libertad para los presos políticos víctimas de la judicialización de la política, y la persecución mediática que se ejerció durante el gobierno del derechista empresario Mauricio Macri (2015-2019), que dejó nombrados ilegalmente jueces de su entorno para impedir el cierre de las causas falsas que abundaron durante su administración.
El próximo 16 se cumplen cinco años de la detención de la dirigente social Milagro Sala, electa como diputada del Parlamento del Sur, ante lo cual apareció una carta pública firmada por importantes funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, legisladores , referentes políticos y personalidades pidiendo su libertad inmediata.
“Son cinco años de injusticia y arbitrariedad, Sala continúa detenida en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización”, señala el texto de la carta que firman entre otros los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós, y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.
Además adhieren referentes políticos como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernanda Llorente; la ex procuradora Alejandra Gils Carbo, Francisco Paco Olveira (sacerdote en Opción por los Pobres), José Schulman (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, entre otros.
"La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales (Gobernador de Jujuy) y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy", denuncian los firmantes.
Aclaran que el objetivo de estas prisiones y persecuciones es “diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar”.
Destacan que la obra de la dirigente social “dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social”, y agregan que Sala “está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”.
