Ciudad de México. La audiencia intermedia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, que se realizaría este viernes se aplazó de nuevo, debido a las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar contagios del Covid-19. Fuentes cercanas al caso, informaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, aún no define una nueva fecha.

En la diligencia se determinaría si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para responsabilizarla de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.

En diciembre pasado, el juez de control Ganther Villar Ceballos postergó para el próximo 15 de enero la audiencia que forma parte de la investigación por el caso conocido como la estafa maestra.

Rosario Robles Berlanga, vinculada a proceso en el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles, se acogió a la figura de testigo colaborador. En su momento, a través de su cuenta de Twitter advirtió que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ello, sus abogados continúan en reuniones con funcionarios de la FGR para acceder a un criterio de oportunidad.

A finales de octubre, Villar Ceballos declaró improcedente la petición de la ex secretaria de Estado de suspender la causa penal en su contra. En ese entonces sus abogados sostuvieron que el delito que se le imputa se derogó en 2006, además de que ella no suscribió los convenios, pero el juez declaró improcedente la petición y sustentó su resolución al afirmar que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso.

Para esta etapa de la diligencia intermedia, la ex funcionaria solicitó al juez de distrito que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa, quien también es investigado bajo sospecha de haber sido el responsable de suscribir los contratos irregulares con empresas fachada.