Cuernavaca, Mor. Veintitrés días después de que el área de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificara ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia contra Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos por “ejercicio indebido de la función pública” al no presentar exámenes de control y confianza antes de que asumiera el cargo, éste ofreció una conferencia de prensa virtual para aclarar que si los realizó, sólo que después.

Reconoció que no los hizo ante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sino ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza Federal –organismo descentralizado de la propia FGR–, después de asumir el cargo que hoy ostenta desde febrero del 2018, a propuesta del ex gobernador Graco Ramírez y los diputados locales de la 53 legislatura en su mayoría perredista.

“He recibido ya la notificación oficial por parte de la Cámara de Diputados federal sobre el procedimiento iniciado en mi contra, mismo que se deriva de una supuesta falta de exámenes de control de confianza y con ello presuntamente se estaría realizando un ejercicio indebido de la función pública.

“Quiero dejar claro que sí cuento con los exámenes de control de confianza que presenté y aprobé oportunamente, cumpliendo así con el artículo 40 fracción 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, precisando que de la interpretación de dicha norma jurídica, de ninguna manera se infiere que debí realizar esa evaluación antes de mi designación, si no que pude hacerlo legalmente con posterioridad a esa designación”, aseguró Carmona Gándara.

En la sesión de preguntas y respuestas, un reportero le solicitó presentar una copia del resultado de dichas pruebas, pero éste dijo que eso no era jurídicamente posible ya que las evaluaciones son confidenciales. “Lo que sí puedo decir es que las tengo aprobadas”, recalcó.

“No estoy obligado jurídicamente y menos constitucionalmente a haberlas obtenido con anterioridad a la designación no hay ningún precepto legal que obligue a tu servidor y ningún fiscal de la República a tener esas evaluaciones con anterioridad”, insistió.

La FGE, agregó el fiscal morelense, ya contestó esta acción legal el pasado 4 de enero ante la Cámara de Diputados con las consideraciones jurídicas correspondientes por las cuales, asegura, no es procedente su desafuero.

Uriel Carmona Gándara señaló que el 4 de enero respondió a la Cámara de Diputados sobre el tema, por lo que no es procedente su desafuero.