Buenos Aires. Fuertes decisiones judiciales se esperan aquí, luego de que la comisión bicamaral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso presentó un informe que condena a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado con que el ex presidente derechista Mauricio Macri manejó jueces a su antojo, como parte del pacto con los servicios de inteligencia y medios de comunicación para la persecución política.

Con testimonios de abogados de quienes fueron perseguidos por la justicia se elaboró el informe sobre el origen y la tarea que cumplió esta oficina, dedicada además a escuchas e intercepción ilegal de comunicaciones.

Esto será analizado por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente, ambos promotores de la investigación. Entre otros hechos graves que menciona el dictamen está que algunos jueces entregaban a periodistas conversaciones grabadas de manera ilegal.

La exhaustiva indagatoria confirmó un andamiaje estatal durante la gestión de Cambiemos, al servicio de la persecución y espionaje ilegal de referentes políticos, sindicales, sociales, judiciales y periodistas, sostuvo la diputada Blanca Osuna, quien destacó que el esfuerzo bicamaral ha tomado “un compromiso inclaudicable porque como país, Argentina dijo ‘nunca más’. Y las conclusiones demuestran una práctica perversa, ilegal y antidemocrática que de manera abierta ejercieron Macri y su gobierno en connivencia con sectores de la justicia, y en particular de la Suprema Corte”, añadió.

Mientras, en el Senado se daba el último debate por la ley del aborto, lo que originó una nueva marea verde separada por una valla de los que se oponen a esta legislación, especialmente los seguidores del Frente por el Cambio (la alianza derechista Cambiemos), que hacen ondear pañuelos celestes o banderas argentinas. Cerca del Congreso un sacerdote celebró una misa rodeado de varias personas opuestas a la ley.

Entre los principales puntos de esta nueva ley es que el aborto se permitiría hasta la semana 14 inclusive, y sólo la consideración especial serían los casos de violación que han afectado aquí a decenas de niñas, y en caso de que estuviera en peligro la vida de la embarazada.

Uno de los puntos más debatidos es el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a decidir la interrupción del embarazo dentro de las 14 semanas; también prevé que se les garantice la atención correspondiente en el sistema de salud público y privado.

La ley requiere el consentimiento informado por escrito de la persona gestante antes de que se realice el aborto. El proyecto girado por el Ejecutivo al Congreso señalaba explícitamente que no era necesaria autorización judicial alguna, pero esas palabras fueron eliminadas como parte de los cambios implementados por las comisiones de Diputados en el texto.

Los profesionales de la salud pueden ejercer la objeción de conciencia y mantener esta posición en todos los ámbitos, previéndose que los centros de salud tanto privados como del Estado deben considerar la derivación en caso de que no haya profesionales, pero no se podrán negar a hacerlo si está en riesgo la vida de la gestante.

Importante también es el tratamiento posaborto, además de sistematizar la educación sexual integral y la salud reproductiva.

La nota ampliada en: https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/29/mundo/congreso-argentino-investiga-red-de-espionaje-del-gobierno-de-macri/