La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz fue aprobada por 70 votos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, 15 en contra y cuatro abstenciones.

Los críticos del gobierno ven la norma como un intento de amordazar a la oposición de Ortega, quien en noviembre de 2021 buscará un cuarto mandato. La ley no especifica cómo se determinará la inelegibilidad de los candidatos.

Ésos que piden sanciones internacionales contra Nicaragua o sus funcionarios, que vayan y sean candidatos en el imperio, sostuvo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, uno de los 27 funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.

El gobierno de Ortega acusa a la oposición de intentar lanzar un golpe de Estado y de presionar para que se impongan sanciones a los funcionarios después de que estallaron las protestas en su contra en abril de 2018.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, más de 320 personas murieron en los enfrentamientos subsiguientes, mientras el gobierno y grupos armados leales a Ortega buscaban sofocar los disturbios.

Eliseo Núñez, ex legislador de oposición, aseguró que Ortega busca anular cualquier competencia de cara a las presidenciales de 2021 y sólo cedería si hubiera suficiente presión de la administración entrante de Estados Unidos.

Ortega enfrenta la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos para ofrecer garantías de comicios transparentes en 2021.

La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, celebró la aprobación de la ley, tras calificar a los opositores de traidores y serviles, y acusarlos de ser esclavos de los imperios, que al silbato del amo se movilizan como manadas, qué vergüenza.

A la misma hora que el Parlamento aprobaba la nueva norma, se conoció que Estados Unidos sancionó a otros tres funcionarios oficialistas. También fueron sancionados los nicaragüenses Marvin Ramiro Aguilar García, Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

El director de Human Rights Watch, José Vivanco, indicó que el gobierno presentó este proyecto para impedir que la oposición participe en las elecciones presidenciales de 2021, lo que viola el derecho a la participación política y ayudará a consolidar a la dictadura Ortega-Murillo.

Nacionalizan empresas de electricidad

La Asamblea Nacional del país centroamericano aprobó anoche, en sesión extraordinaria, la nacionalización de dos empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad: Disnorte y Dissur, al sancionarse la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense, que fue remitida de urgencia por el presidente Ortega.