El equipo de transición del presidente electo avanza en los preparativos para los primeros días del nuevo gobierno, con Joe Biden vacunándose, en vivo, frente a las cámaras de televisión, para combatir temores del público ante las corrientes antivacuna que suelen ser simpatizantes de Trump. De hecho, el magnate no ha promovido la campaña de salud para asegurar al público de la urgencia y la seguridad de las nuevas vacunas (a pesar de que su vicepresidente, Mike Pence, y el líder del Senado republicano, Mitch McConnell, ya recibieron la primera dosis).

Biden también continuó apoyando a los candidatos demócratas que compiten en una segunda vuelta por los dos escaños del Senado federal en Georgia, elección que determinará el control de la cámara alta y por lo tanto el margen de juego que tendrá el gobierno entrante. Por cierto, el voto latino y los esfuerzos para movilizarlo en ese estado podrían ser factor determinante en resultados que tendrán de inmediato un impacto nacional (https://youtu.be/br8c3YvIVS4).

Aunque cada día hay menos atención a las declaraciones y acciones de Trump, todo indica que su fin en Washington será muy diferente a las despedidas tradicionales. Aún no se sabe si reconocerá al nuevo presidente, ya que cada día declara que la elección que él ganó de forma abrumadora le fue robada por un fraude sin precedente.

Su campaña interpuso una demanda legal más ante la Suprema Corte buscando nuevamente subvertir los resultados de la elección, y ayer condenó al tribunal supremo estatal de Wisconsin por rechazar su última petición para anular el voto ahí, quejándose de que uno de los jueces que votó en su contra le debe su puesto al presidente, pero esa vía parece estar anulada.

A la vez sigue presionando a legisladores de su partido para obstaculizar el último paso oficial en certificar la elección cuando cuenten los votos del Colegio Electoral el 6 de enero, y denuncia a todos los de su propio partido que se atreven a cuestionarlo o a expresar su desacuerdo con el presidente.

Pero cada día pierde el apoyo de aliados políticos importantes. Durante los últimos días Trump ha declarado que se requiere de un fiscal especial para investigar el fraude electoral, y otro más para investigar a Hunter Biden, el hijo del presidente electo, pero ayer su hasta muy recientemente leal procurador general, Bill Barr –quien está por dejar el cargo esta semana– declaró que no existe la necesidad para ninguno de los dos, contradiciendo de manera directa a su jefe.

McConnell, líder del Senado y el republicano más poderoso en Washington después del presidente, quien la semana pasada reconoció a Biden como presidente electo, ha procedido sin consultar al mandatario con las negociaciones para un nuevo paquete de rescate económico para el país, el cual está por ser aprobado este lunes.

El reverendo conservador Pat Robertson, veterana figura entre el poderoso movimiento evangélico conservador, afirmó ayer que Biden será el próximo presidente y que Trump vive en una realidad alternativa y es hora de que él proceda y deje el escenario político.

Más aún, funcionarios dentro de la Casa Blanca se han alarmado cada vez más con el comportamiento de Trump después de reuniones a fin de la semana pasada en las cuales el presidente abordó la posibilidad de confiscar máquinas de votación y contemplar la propuesta de su primer asesor de Seguridad Nacional, el ex militar Michael Flynn, quien recientemente fue indultado por su jefe, de declarar ley marcial para mantenerse en el poder, reportaron Axios y el New York Times.

Un alto funcionario del gobierno declaró a Axios que cuando el presidente está retuiteando amenazas de encarcelar a políticos, y dedica su tiempo a hablar con los locos que creen en conspiraciones, quienes abiertamente dicen que declarar ley marcial no es gran cosa, es imposible no empezar a preocuparse por ver cómo todo esto termina.

Penas de muerte y minas

Mientras, al aproximarse el fin de su estancia, el presidente está más centrado en matar gente y destruir tierras públicas que en combatir la pandemia. El gobierno de Trump ejecutó a 10 personas al reiniciar esa práctica por el gobierno federal en julio, por primera vez en 17 años esa cifra es superior que la alcanzada por cualquier presidente en el siglo XX y lo que va del XXI, reportó el Death Penalty Information Center. Ejecutó a tres personas después de la elección del 3 de noviembre, todos hombres afroestadunidenses.

Entre quienes recibieron la pena máxima estaba el primer indígena estadunidense en ser ejecutado por el gobierno federal y el primero en 68 años de un prisionero que cometió su delito cuando era adolescente. Antes del fin de su mandato están programadas tres ejecuciones más, incluida la primera de una mujer en 70 años.

Y se espera una larga lista de indultos presidenciales de socios y aliados de Trump condenados por todo tipo de delitos, y aún no se descarta que en esa lista podría darse el primer autoindulto en la historia del país.

Por otro lado, el gobierno de Trump se está apresurando para repartir licencias de

Fin poco elegante

Todo esto mientras claramente busca entorpecer al grado posible el proceso de transición del Ejecutivo, prohibiendo al inicio interacciones preliminares con el equipo de transición, girando órdenes para no compartir nada con el equipo de Biden que pudiera ser usado en su contra, y continuando con un ataque sin precedente sobre el proceso electoral con el objetivo de calificar de ilegítimo a su sucesor.

O sea, todo indica que no será un final ni con un poquito de gracia.