San Cristóbal de Las Casas, Chis. A 23 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, “sigue la impunidad total respecto a la identificación de responsables”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de lo sucedido. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia” agregó.
A través de Rubén Moreno Méndez, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “ya en este 2021 emita el informe de fondo por salud mental de los propios sobrevivientes y familiares de las víctimas, pues ya muchos han fallecido y ha habido división interna que ha favorecido al Estado; queremos que la CIDH ponga algo de su parte para evitar el retraso en el caso”.
-¿La única esperanza que les queda es la CIDH? -se le preguntó a Moreno Méndez.
-Sí. El caso ante la CIDH se litiga allá y no se puede acudir a otro organismo internacional porque por principio, en donde se interpone es donde se debe de litigar. Sin embargo, pensamos que hay una buena disponibilidad de la CIDH, no porque tengan un buen corazón, sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes con los que sin lugar a dudas se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.
Aseguró que al igual que con los anteriores gobiernos (priístas y panistas), con el actual “no ha habido ningún cambio, sólo quieren tapar la impunidad que se está viviendo, pero eso no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a derechos humanos y no sólo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal jamás se repitan en ninguna parte”.
Recordó que al argumentar fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó entre 2009 y 2011 a casi la totalidad de los indígenas acusados como autores materiales, “no porque sean inocentes sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones estaban con graves violaciones a derechos humanos y procesales también”.
Agregó que “ya casi nadie está en la cárcel, están saliendo debajo del agua. El Estado ni siquiera a través de la CIDH ha informado la situación jurídica de estos casos. Y lo que ya sabemos es que los que han salido han sido indemnizados, les han comprado tierras”.
Además, abundó Moreno Méndez, existen órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron y no se ha actuado respecto a los grupos armados que hay en las comunidades, “por lo que ahora tenemos el ejemplo de lo que pasa en Chalchihuitán y Aldama, donde siguen con impunidad, asediando a las localidades”.
Sostuvo que “el Estado mexicano no ha podido ni siquiera hacer una investigación diligente y eficaz para que se señale quiénes son los autores intelectuales porque los materiales se conocen ya que las mismas víctimas y organizaciones de las comunidades han señalado quiénes son, a veces sus propios vecinos, incluso familiares; pero a nivel federal, estatal y municipal está la cadena de mandos que intervino para cometer la masacre que continúa en completa impunidad”.
Recalcó que en septiembre pasado, el gobierno firmó un acuerdo amistoso con un grupo de sobrevivientes, que no pertenece a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, sino a otra agrupación con el mismo nombre, cuyos integrantes se escindieron en 2008.
“La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que está luchando por justicia, memoria y verdad no está de acuerdo con esa situación porque lo que el Estado debería de hacer es el reconocimiento de su responsabilidad, no sólo por la falta de investigación sino por la acción que se llevó a cabo en la masacre”, aseveró.
Moreno Méndez insistió en que “hay nulo avance, es puro trámite, ni siquiera para llegar a la verdad de los hechos; es para que el Estado justifique que está trabajando en Acteal, pero no hay voluntad ni de este ni otros gobiernos”.
