Chilpancingo, Gro., Azotados por la pobreza y la emigración, los pueblos indígenas de los 19 municipios que conforman la región de La Montaña Alta de Guerrero ahora también padecen falta de hospitales y personal especializado para hacer frente a la pandemia de Covid-19. De marzo a noviembre murieron más de 300 pobladores, aseguró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Explicó que médicos tradicionales, con tratamientos como infusiones, vaporizaciones, baños en temazcal, limpias y rezos, han atendido a los enfermos, principalmente mayores de 60 años de edad, aunque varios han fallecido.

En entrevista, afirmó que la única institución médica que trata pacientes con coronavirus en la zona es el hospital general de Tlapa de Comonfort, donde al menos 800 personas han sido atendidas por ese padecimiento.

Solamente el centro de salud de Tlapa hace pruebas PCR para la detección del virus, pero únicamente martes y jueves, y ellos determinan a quién practicarla. Existen muchas restricciones para detectar los contagios, señaló.

Los hospitales comunitarios de Tlacoapa, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Acatepec no reciben a pobladores sospechosos de ser portadores.

Barrera agregó que algunos de los pacientes que solicitaron atención lamentablemente fallecieron fuera porque no los recibieron, como sucedió recientemente en Acatepec.

Ha habido reportes de indígenas de que apenas pueden llegar a las puertas de un hospital porque sólo les alcanza para eso, pero no son atendidos, explicó.

Barrera Hernández pidió que aunque sea en las 19 cabeceras municipales se instalen unidades de triaje para revisar a los pacientes y canalizarlos, porque no hay quien los examine y les haga pruebas.

Manifestó su preocupación por la situación en la zona de La Cañada, donde se ubican las localidades de Huamuxtitlán, Zochihuehuetlán y Alpoyeca, donde se presenta el mayor índice de contagios.

Se dice que probablemente es por personas que llegaron de Nueva York y por la colindancia con Puebla, que es la parte más comunicada, donde hay reportes de unas 40 personas que murieron por coronavirus, alertó.

Añadió que el hospital de Tlapa no está equipado adecuadamente. Hay 15 camas y seis ventiladores, de los que solamente funcionan cuatro; tampoco hay personal especializado para atender Covid-19, ya que solamente se han podido capacitar a un médico internista, a un anestesiólogo y a médicos generales. Es un servicio muy limitado en términos de personal, infraestructura y medicamentos.

El director de Tlachinollan recalcó que hay ocasiones en que los enfermos tienen que comprar sus medicinas y eso hace muy onerosa la atención, porque además vienen desde comunidades alejadas y tienen que buscar un lugar donde dormir, pagar comida y traslado.

Lamentó que los gobiernos federal y estatales no ayuden; los ayuntamientos “se han desentendido de su responsabilidad ante la pandemia y han dejado que solamente el centro de salud de Tlapa opere, seguramente para tener el control de las estadísticas, pero eso no ayuda, porque a estas alturas se tienen que redoblar esfuerzos.

No se puede seguir con el mismo esquema, dejando solos a los pacientes, cuando es responsabilidad del Estado atender a la población indígena, subrayó Abel Barrera.

Otro problema grave, recordó, son los jornaleros agrícolas que “salen de las comunidades porque ya no tienen recursos para sobrevivir. De abril a noviembre, más de 14 mil indígenas de la Montaña se fueron en busca de trabajo y no existe seguimiento de ellos.

Ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ni los empresarios brindan apoyo para que haya unidades de triaje que ubiquen a los contagiados y eso favorece la propagación, porque no hay forma de controlar a este sector que se mueve en varios estados del país y no es atendido, expuso.

Tampoco existe, insistió, una vigilancia de aquellos migrantes que llegan de Estados Unidos, principalmente a la zona de La Cañada, a Cochoapa el Grande y Alcozauca.

Mencionó que con la pandemia las mujeres indígenas están más vulnerables e indefensas. Se han incrementado los casos de violencia; hemos documentado en siete municipios 20 asesinatos de mujeres y seis casos de niñas víctimas de violación sexual que no han sido atendidas por el Estado, pues no está comprometido con ellas, concluyó.