Brasilia. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, admirador de la dictadura que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985, dijo este sábado que el ex jefe de un centro de detención y tortura del régimen militar trató “con toda la dignidad” a los presos políticos.

“No eran presos políticos, no, [los] terroristas eran tratados en el DOI-Codi [el centro de detención de la dictadura] de Sao Paulo, tratados por el señor con toda la dignidad, inclusive las presas embarazadas”, dijo en una entrevista realizada por su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, en YouTube.

El jefe de Estado, un ex capitán del ejército, se refería al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de la represión en la metrópoli a inicios de los años 1970 y a quien se le atribuyen unas 70 muertes y desapariciones, según datos de la Comisión Nacional de la Verdad.

Bolsonaro exaltó la figura de Ustra, a quien ha llamado “héroe nacional” y esta vez consideró “un gran brasileño”, al recomendar el libro La verdad sofocada, escrito por el fallecido militar.

“No tienen cómo huir de eso aquí (lo narrado en el libro), cómo nos libramos del comunismo en aquel momento, no hay que avergonzarse de eso. Es historia con H, no es ‘historiecita’ contada por la izquierda, debería ser lectura obligatoria”, afirmó el presidente.

Ustra, fallecido en 2015, fue jefe de los servicios de inteligencia y represión del Ejército entre 1970 y 1974. Un tribunal reconoció en 2008 la responsabilidad civil (pasible de indemnización) del exmilitar en casos de secuestro y torturas. Sin embargo, denegó la responsabilidad penal, en nombre de la ley de amnistía.

La Ley de Amnistía de 1979 impidió juzgar en Brasil a los implicados en la persecución de opositores y personalidades sospechosas de "subversión" comunista durante las dos décadas de dictadura.

Según el informe de la CNV publicado en 2014, los “años de plomo” dejaron al menos 434 muertos y desaparecidos, un número de víctimas considerablemente menor al de otros países latinoamericanos como Chile (3 mil 200) o Argentina (30 mil, según organizaciones de la sociedad civil).

Pero ese balance no incluye a centenares de víctimas de milicias contratadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por el Estado.