Madrid. En un debate histórico, el Parlamento español aprobó la primera ley de muerte digna, que permite la eutanasia a personas enfermas crónicas y que regula un reclamo añejo de una buena parte de la sociedad.
La votación se saldó con el apoyo de 198 diputados de grupos diversos y de inclinaciones ideológicas diversas, presididos por los del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fueron los que presentaron la iniciativa. Los únicos dos grupos que votaron en contra fueron los derechistas del Partido Popular (PP) y Vox, que asumieron las tesis de los grupos ultracatólicos que se han opuesto a lo largo de los años a este tipo de iniciativas.
Hace más de 23 años, un tetrapléjico gallego llamado Ramón Sampedro provocó por primera que el derecho a una muerte digna se convirtiera en un debate nacional. Sampedro, un hombre brillante, culto, pero que tenía la limitación total de sus movimientos -solo podía mover la boca- decidió grabarse a sí mismo mientras ingería una bebida que alguien le había dejado cerca y que terminó con su vida. La grabación iba acompañada por una serie de reflexiones y escritos precisamente sobre el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, en personas que tienen dolencias que finalmente convierten sus vidas en un infierno, como consideraba sobre la suya propia Sampedro.
La muerte de Sampedro provocó el primer gran debate en España sobre la muerte digna, era el año 1998 y gobernaba el derechista José María Aznar. De ahí nacieron varias plataformas de ciudadanos afectados directamente o de familiares que reclamaban precisamente algo que ya existía en otros países del entorno europeo o de las democracias occidentales, donde la regulación de la eutanasia ya es un hecho. Ni en las dos legislaturas de Aznar ni en las dos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero -que incumplió en hasta dos ocasiones su promesa electoral de regularlo-ni en las dos de Mariano Rajoy se aprobó la legislación, que todavía provoca encendidos debates en la sociedad, sobre todo en los sectores más conservadores.
Finalmente la nueva legislación se aprobó gracias sobre todo al impulso de la sociedad civil, que en las últimas décadas se ha movilizado con firmas y peticiones públicas, y al respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos algunos partidos que en el pasado se mantuvieron reacios por su cariz conservador y sus raíces cristianas, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -de hecho uno de los diputados del actual grupo parlamentario de esta formación (que ahora se llama Junts per Catalunya) decidió abstenerse por sus convicciones católicas.
La nueva ley sólo tendrá que superar el trámite de su aprobación en el Senado, para que vuelva de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, con lo que se prevé que su entrada en vigor ya será un hecho en mayo o junio del próximo año. La legislación aprobada contempla el derecho del paciente a poner fin a su vida en virtud de una serie de criterios médicos y científicos, y en la decisión final hay hasta cuatro ocasiones en los que el afectado tiene que corroborar su decisión. Le legislación también contempla el derecho al médico de la objeción de conciencia, ya que la figura de la eutanasia también provocó el debate entre el cuerpo médico de que si al aceptarla y ejecutarle no se vulneraba uno de los principios básicos de la medicina, el juramento de Hipócrates, que aboga por defender hasta el final el bien y la salud de los enfermos.
