Toluca, Méx. El pleno de la Legislatura del Estado de México, aprobó este jueves, por mayoría de votos, la Ley de Amnistía en la entidad que permitirá la excarcelación de mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

De acuerdo con el diputado Max Correa (Morena)  la ley podría beneficiar a por o menos 5 mil reos de las cárceles mexiquenses, y esto ayudaría a despresurizar un sistema penitenciario sobrepoblado con más de 31 mil personas privadas de su libertad.

La Ley de Amnistía fue producto de cuatro iniciativas que presentaron el PRD, Morena, PT y una de origen ciudadano, además de que fue enriquecida con propuestas del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y organismos como la comisión estatal de derechos humanos y otros colectivos y familiares de internos, que se recibieron en el parlamento abierto donde se analizaron las iniciativas.

Una vez que sea promulgada y publicada por el gobernador Alfredo Del Mazo la Ley aplicará en 13 supuestos, donde se pretende beneficiar a grupos vulnerables y personas que hayan cometido delitos menores.

Las mujeres que se encuentran en la cárcel acusadas por aborto podrán ser beneficiarias de la Amnistía, lo mismo que indígenas y personas en condición de pobreza extrema que hayan sido forzados a la comisión de algún delito no grave.

Los que hayan sido acusados por delito de robo sin violencia y que el monto de lo hurtado no exceda las 400 UMAS, alrededor de 35 mil pesos, siempre y cuando se haya cubierto la reparación del daño. Para los acusados de robo con violencia solo podrán acceder aquellos que no hayan infringido lesiones a las víctimas no usado armas de fuego y el monto sea menor a 90 UMAS, alrededor de 8 mil pesos.

No aplicará a quienes cometieron robo a vehículos y autopartes, robo a pasajeros y al transporte, casa habitación y robo de mercancía.

También aplicará para mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legitima defensa  y adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.

Dentro de los supuestos se incluyó a los acusados de delitos contra la salud en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, (posesión de estupefacientes) cuando se trata de personas en condición de pobreza extrema o indígenas que hayan sido obligados a la comisión del delito por grupos de la delincuencia organizada.

También procederá la amnistía a acusados o sentenciados de delitos contra el medio ambiente, siempre y cuando haya reparación del daño, en casos de delito de resistencia y abigeato y en asuntos donde alguna resolución instancia nacional o internacional en materia  derechos humanos por violaciones a sus garantías. Y en los casos de acusados indígenas que no hayan contado durante su proceso judicial con un intérprete para su defensa.

El Poder Judicial mexiquense  será el encargado de aplicar la amnistía y para ello, deberá hacer solicitud del acusado o sentenciado que se encuentre dentro de alguno de los supuestos a un juez de control, que en un plazo de 3 días deberá decretar si da trámite o no a la solicitud y en un plazo no mayor a 30 días deberá emitir un dictamen final para ver su la solicitud procede tras en análisis del caso.

El único grupo parlamentario que voto en contra de la Ley de Amnistía fue el PAN, quien desde un inicio mostró resistencia, por considerar que violentaban las garantías de las víctimas y porque se abriría la puerta para que “delincuentes” salieran de la cárcel.

El diputado Max Correa aclaró que se protegerá el derecho de las víctimas pues en todos los casos se deberá cubrir la reparación del daño y aclaró que la amnistía no procederá en delitos que atenten contra la vida, como el homicidio.