El Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, negó otorgar un amparo a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra la vinculación proceso que un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano le dictó en septiembre pasado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos y delincuencia organizada.
Sin embargo, Sosa Castelán podrá impugnar el fallo ante un tribunal colegiado para que revise el caso y determine si confirma o revoca la sentencia del juez federal.
En juez federal Breyman Labastida Martínez, determinó en su fallo que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público federal son suficientes para presumir la responsabilidad del también ex rector de la UAEH por los delitos que se le imputan.
En septiembre, Gerardo Sosa fue vinculado a proceso junto con otros tres coacusados. La consignación que formuló la FGR en su momento se centra en el desvío de recursos que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca Sociedad Civil, una de las razones sociales fachadas con las que los procesados triangulaban recursos públicos.
Según la acusación, el dinero también se enviaba mediante la compañía fachada Eficiencia en Negocios y Asociados, de la cual era presidente Juan Manuel Hernández Gayoso, coacusado en la causa penal. Las otras dos imputadas en la audiencia son María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos, señaladas de participar en este esquema de triangulación de recursos.
También están acusados como presuntos responsables Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastasia Elizabeth Baños Baños y dos hijas de Sosa Castelán, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, todos prófugos de la justicia.
Según las carpeta de investigación, los imputados realizaron depósitos a favor de los hijos de Gerardo Sosa por distintos montos. De las cuentas bancarias a sus nombres se efectuaron transacciones por 118 mil 220.65 dólares canadienses y 87 mil 153 dólares estadunidenses que presuntamente son materia de delito.
