Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió la colaboración especial de las fiscalías para combatir la impunidad y, de esta forma, atender la crisis de derechos humanos que vive el país.

“Hacemos un llamado a todas las instituciones de la administración pública federal, a los órganos autónomos, a la fiscalía general de la República y a las fiscalías de los estados, cuyo trabajo en los temas en materia de derechos humanos es fundamental, porque en la medida que nosotros enfrentemos los problemas de impunidad que se presentan en las violaciones, sin lugar a dudas los resultados se irán yendo vislumbrando en un menor plazo posible”, indicó.

Durante la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, en el cual se hizo énfasis en que el gobierno actual heredó una crisis en la materia, el subsecretario Encinas dijo que habrá recursos suficientes para echar a andar el plan, el cual incluye 21 temas y 8 operaciones especiales, con énfasis en la atención a víctimas y “regeneración ética” de las instituciones.

Minutos antes, el representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, subrayó que el tema del presupuesto será todo un reto. Sin embargo, dijo que es fundamental garantizar recursos precisamente para atender consecuencias de la pandemia.

“Somos conscientes de la compleja situación financiera que ha sido agravada por la pandemia, pero por esta misma razón resulta vital hacer el máximo esfuerzo por dotar de los recursos necesarios para la implementación del programa. Es decir, en pocas palabras, para garantizar los derechos fundamentales, especialmente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad”, indicó.

Precisamente por la pandemia, añadió, el programa adquiere una relevancia mayor porque es la herramienta de política pública que permite poner a los derechos humanos en el centro de la respuesta de las instituciones del Estado.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 es de observancia obligatoria para toda la administración pública federal, a la par de las entidades federativas y municipios.

Previo a la intervención de los funcionarios se difundió un video. En este material se destacó que en diciembre de 2018 “la presente administración recibió un país inmerso en una profunda crisis de derechos humanos” y, con el compromiso de transitar hacia un estado de paz y bienestar, el gobierno de México preparó este programa, como resultado de una “amplia y plural” colaboración con la ciudadanía y sus organizaciones.

El proceso para el diseño del programa se inició formalmente en junio de 2019.

El programa es instrumento rector de la política pública en este ámbito y tiene como propósito "contribuir a la cuarta transformación de México" y atender "las causas estructurales que han impedido al Estado revertir y atender las violaciones de derechos humanos que fueron las principales causantes de la crisis que hoy enfrentamos”.

En resumen, se añade, el objetivo central es construir un nuevo paradigma para que al cierre de la actual administración se sienten las bases para revertir la actual crisis; "abatir la impunidad que actualmente gozan quienes violan la ley", y garantizar los derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Los objetivos prioritarios son cinco: asegurar “una respuesta articulada” de la administración pública ante la crisis de derechos humanos; garantizar la atención de víctimas de las violaciones graves de derechos humanos; impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados; mejorar en este ámbito la capacidad de gestión y respuesta de la administración pública federal, y proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

En las acciones específicas se enlistaron distintos temas: atención a víctimas; periodistas y defensores de derechos humanos; construcción de paz; empresas y derechos humanos; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; educación y promoción de derechos humanos; fortalecimiento institucional, y trata.

Asimismo, búsqueda de personas; atención al desplazamiento forzado interno; fomentar la igualdad de género y atender la violencia de género; adoptar políticas públicas integrales para la migración y el refugio; atender a las víctimas de tortura, y a las personas indígenas y afromexicanas.

Además, promover acciones en favor de distintos sectores de la población, así como a las personas privadas de la libertad y aquellas en situación de calle.