Puebla, Pue. Médicos del IMSS se manifestaron este domingo para pedirle al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que no criminalice su labor y que, por el contrario, se invierta en mayor infraestructura hospitalaria ya que señalaron que los nosocomios y unidades médicas resultan insuficientes para atender todas las demandas de la población durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

La protesta surge después de que el gobierno del estado denunció penalmente a médicos que laboran en los hospitales del IMSS de La Margarita y Betania, después de que familiares denunciaron por lo menos dos casos de negligencia médica.

Los galenos, entre los que se encontraban especialistas como anestesiólogos, cardiólogos, internistas, nefrólogos, entre otros, marcharon del Paseo Bravo al Zócalo, en el primer cuadro de la ciudad, con pancartas en mano que, entre otros mensajes, podía leerse el siguiente:

“Señor gobernador, si quiere el bienestar del derechohabiente, apoye la construcción de un hospital digno, no al trabajo en condiciones inseguras”, se leía en una de las mantas.

A finales de octubre, la administración estatal denunció penalmente a médicos del IMSS, por el caso de un bebé de nombre Lázaro que, estando vivo, fue declarado muerto al nacer y fue su padre quién se percató del error cuando fue a recogerlo a la morgue en donde pasó más de cuatro horas. Un mes después, el niño falleció.

A principios de noviembre, el gobierno de Barbosa Huerta presentó otra denuncia penal en contra de personal del mismo nosocomio así como de hospital privado Betania, por el caso de una mujer embarazada que no fue atendida a tiempo, lo que provocó que su bebé, de nombre Dante, naciera con hipoxia neonatal severa, lo que le provocó secuelas neurológicas.

En su protesta, los médicos pidieron a Barbosa Huerta entender que trabajan en medio de una infraestructura hospitalaria insuficiente para atender las demandas de la población, situación que se agravó con la contingencia sanitaria por el coronavirus, pues se redujeron los espacios de atención y se incrementó el riesgo en el que ellos laboran.

La situación de insuficientes recursos médicos se agravó desde 2017, con el cierre del hospital de San Alejandro del IMSS, que registró severas afectaciones por el terremoto de ese año, lo que restó a la ciudad por lo menos 650 camas de hospital.

Sobre los casos de negligencia médica, indicaron que ellos deben obedecer órdenes de sus superiores, que se complican ante la saturación en los servicios médicos y los escasos recursos con los que cuentan.

En ese sentido, pidieron al gobierno del estado no criminalizar su labor y no resolver el problema de atención médica solo “cortando la cabeza” de algunos de sus compañeros, sino a través de la inversión en más infraestructura.

“Si nosotros no tenemos apoyo, nos volvemos vulnerables por parte de los gobernantes a los que se les hace fácil cortar la cabeza de dos o tres médicos y ya, dejar que las cosas sigan igual, finalmente piensan que con eso ya se resolvió el problema, que ya tranquilizaron a la gente, el problema real es que se necesitan hospitales, que se necesitan insumos y que se necesita más personal”, explicó una de las manifestantes de nombre Pilar.