Maestros y directores de educación básica consideraron que la propuesta para implementar Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en estados que se ubiquen en un riesgo moderado de contagios de Covid-19 o color amarillo, “es muy incierto, porque más que resolver la demanda de un regreso a clases, parece que responde a presiones políticas, pues no están dadas las condiciones materiales ni técnicas”.
Indicaron que sería muy complejo para los padres de familia llevar a sus hijos sólo a sesiones de 45 minutos, y “no se considera cuáles serían los riesgos para la escuela si se da un solo caso positivo. Tampoco se establece en la propuesta lanzada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de dónde saldrán los recursos para la limpieza y sanitización de las escuelas”.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que la “determinación del magisterio disidente es que no habrá regreso a clases si no están dadas las condiciones mínimas de seguridad sanitaria para toda la comunidad escolar, lo que incluye a niños, maestros y padres de familia”.
Miguel Ángel Cruz, maestro y secretario de Finanzas de la sección 9 de Ciudad de México, destacó que “desde marzo pasado, cuando inicio el receso de actividades académicas presenciales se solicitó a los gobiernos federal y local que se hicieran las adecuaciones en los planteles para garantizar el acceso a agua potable, baños y energía eléctrica, servicios que no todas las escuelas tienen, y que son indispensables”.
Francisco Bravo, director de educación primaria e integrante de la dirección política de la CNTE, destacó que “no hay mucha claridad en la propuesta, porque se dice que tiene una base legal en el artículo 14 de la Ley General de Educación, donde efectivamente se establece que se concibe a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen saberes, pero esto no da un sustento sólido para proponer que se abran CCA en medio de una pandemia”.
Agregó que con este tipo de medidas “se cede ante las presiones de grupos empresariales, particularmente de Fundación Azteca, e incluso se toman los mismos modelos para legitimar sus acciones, porque se dice que es el tema socioemocional de los alumnos, cuando llevamos ocho meses diciendo que las medidas socioemocionales debían ser las prioritarias, y no el cumplimiento de planes y programas de estudio como demandó la SEP”.
