A dos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió esa iniciativa al Senado, se aprobó anoche, con el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios y con algunos cambios, con los que se eliminaron algunas facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que habían provado críticas de la oposición. Pongamos fin a 100 años de violaciones a nuestra soberanía y fallas en la protección de los mexicanos, expuso en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Sostuvo que en el último siglo no hubo un presidente de la República como López Obrador, que se atrevió a presentar un ordenamiento jurídico que pone orden y claridad al actuar de todos los agentes extranjeros en el país, pero particularmente de Estados Unidos, país que tiene en México a la FBI, el Servicio de Alguaciles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina de Coordinación de Defensa, la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, así como a la DEA.

Actos excesivos

En el caso de esta última, dijo, tiene 11 oficinas en México, pero se desconoce el número de agentes que operan, desconocimiento que los ha llevado a cometer actos excesivos, ya que su presencia se reguló hasta ahora en la oscuridad y en muchas ocasiones las autoridades se negaron a aceptar su presencia oficial en nuestro país, insistió Monreal.

Durante la discusión, senadores del PAN se manifestaron en contra de la reforma. Especialmente, Damián Zepeda, Ismael García Cabeza de Vaca y Alejandra Reynoso resaltaron que se dan facultades excesivas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que convierten en una supersecretaría, a la que deben reportar los agentes extranjeros las actividades que realicen y la información que obtengan.

Sostuvieron que se le colocaba jerárquicamente por encima de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades que tratan con las agencias estadunidenses.

García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, advirtió asimismo que se vulnera la autonomía de estados y municipios. Ello, en referencia a que la iniciativa presidencial establece que los servidores públicos de los estados de la república, la Ciudad de México y los municipios del país que se reúnan o intercambien información, ya sea telefónica o directa con agentes de la DEA y de cualquier agencia extranjera, deberán informar de ello a la cancillería y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de ocurrida la comunicación.

Plantearon que se modificara ese artículo y, al final, Morena lo aceptó y presentó las reservas a los artículos 68, 71 y 76, en que se elimina la disposición de que fuera la SRE la entidad a la que debían reportar la información obtenida las embajadas, consulados y las gobiernos estatales y municipales. La nueva redacción precisa que el reporte deberá ser a las autoridades correspondientes.

En la reforma, según detalló la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández –que por la mañana aprobó el dictamen, votado por la noche en el pleno– se acota la actividad de los agentes extranjeros, que debe ajustarse a los convenios bilaterales sucritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

En el dictamen, aprobado con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, se elimina la figura de inmunidad para los agentes extranjeros, y se acaba la impunidad con que actuaron. Se prohíbe que realicen detenciones o cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad.

Se regulan las condiciones para que agentes extranjeros puedan portar armas o algún tipo de instrumentos bélicos y se fortalece la supervisión de gobiernos mexicanos respecto de las actividades que realicen.

Senadores de Movimiento Ciudadano y del PVEM resaltaron también que la iniciativa es gran avance en la defensa de la soberanía nacional. “No más operativos como Rápido y furioso”, resaltó el morenista Martí Batres.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.