Cajeme, Son. El gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se comprometió con la tribu yaqui a terminar con el “rentismo” de sus tierras ubicadas al sur de Sonora, con el propósito de mejorar su economía y capacidad productiva en el Plan de Justicia para la Etnia.
Tras una reunión entre funcionarios del gobierno federal y los ocho gobernadores tradicionales de la etnia yaqui, se acordó reducir la renta de tierras para fines agropecuarios, para lo cual durante el primer año se apoyarán produciendo las tierras que no estén arrendadas y paulatinamente irán abarcando, cada año, una extensión mayor, hasta 2024 cuando planean quede erradicada dicha práctica.
Durante la reunión en la Casa de la Niñez Indígena “General Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Tórim, Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, aseguró que para el año 2024 acabarán con el “rentismo” en territorio yaqui.
“Coincidimos en que el problema más serio es el rentismo, que el 90 por ciento de su tierra está rentada; Sonora es el estado que disfruta del mejor y el más reconocido estatus sanitario de todo el país, y tiene muchas más posibilidades de comercialización por su estatus sanitario”, dijo el titular de Sader frente a los indígenas.
Al salir, el mismo funcionario calificó la reunión como propositiva para avanzar en esquemas que han impedido el desarrollo de la tribu, como el arrendamiento de sus tierras agrícolas, así como en otras demandas en materia de agricultura, pesca y ganadería de las tribus yaquis.
Por años, la tribu yaqui a arredrado sus tierras a importantes productores agrícolas de la región del Valle del Yaqui para la producción de trigo, cártamo, soya, alfalfa, hortaliza y forraje; actualmente mantiene alrededor de 18 mil 600 hectáreas de siembra anual, las cuales rentan cada una por cinco o seis mil pesos al mes.
En la reunión del mes de noviembre, autoridades federales y yaquis acordaron emitir el decreto de creación del distrito de riego número 18, el cual se otorgará con todos los derechos a la etnia para que administre y distribuya el agua; también se analizará la calidad del líquido en la cuenca del río Yaqui con una inversión de mil 800 millones de pesos y su costo anual de operación ascenderá a 7.5 millones de pesos.
