Ciudad de México. La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
En la propuesta, la FGR abandona su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, así como de su responsabilidad para encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros mecanismos de protección de derechos humanos, como la Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia.
En un comunicado de la Segob, el subsecretario Encinas consideró que la iniciativa presentada en el Senado implica una subordinación de los organismos autónomos constitucionales, de la Administración Pública Federal, las entidades paraestatales, los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno e incluso, a los particulares al Ministerio Público.
Argumentó que la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República debe ser entendida como una fortaleza del Estado de derecho, mediante la cual se garantice el acceso a la justicia, y no para fragmentar las capacidades del Estado en su respuesta a los derechos de verdad, justicia y rendición de cuentas. Esto adquiere mayor importancia en momentos en que el Gobierno de México ha asumido como prioridad la lucha contra la corrupción e impunidad.
Dijo que la propuesta de retirar a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda al pretender derogar el artículo 45, fracción III de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, niega el derecho de toda persona a ser buscada y pretende sustraerse de las obligaciones constitucionales y legales de la fiscalía en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Esto implica el desconocimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, construidos con la participación de las familias de las víctimas, sociedad civil y comunidad internacional.
Destacó la necesidad de una reforma integral que responda a las demandas de verdad y justicia, fortalezca a las instituciones en el marco de un Estado de derecho, con rendición de cuentas y participación ciudadana.
Por ello, solicitó respetuosamente al Senado de la República que abra un parlamento abierto en el que se discuta esta iniciativa, así como las reformas constitucionales y legales necesarias.
