Ciudad de México. Con gran celeriedad avanzaba en el Senado la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la presencia de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), así como de integrantes de otras agencias extranjeras que operen en México. Esta mañana se aprobó en comisiones, con el aval de Morena y sus aliados.
El PAN votó en contra, los senadores del PRI no asistieron, por lo que el grupo mayoritario que encabeza Ricardo Monreal se impuso y esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional podría aprobarse en el pleno, durante la sesión de hoy.
La reunión de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden las morenistas Mónica Fernández y Ana Lilia Rivera, respectivamente, lograron sacar en 35 minutos la aprobación del dictamen.
El panista Damián Zepeda advirtió que no se justifica la prisa con la que la mayoría pretende aprobar la reforma. Exigió que se abra una sesión de parlamento abierto, a fin de analizar a fondo cuestiones muy controvertidas, como la pretensión de que estados y municipios tengan que reportar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que atenta contra su autonomía.
La iniciativa presidencial establece que los servidores públicos de los estados de la república, la Ciudad de México y los municipios del país que se reúnan o intercambien información, ya sea telefónica o directa con agentes de la DEA y de cualquier agencia extranjera, deberán informarlo a la Cancillería y a la Secretaria de Seguridad Pública, dentro de los tres días siguientes de ocurrida la comunicación.
Igualmente, la panista Nadia Navarro advirtió que de no modificar la iniciativa, el PAN votará en contra.
Sin embargo, para Morena es fundamental aprobar esa reforma, anunciada por el presidente López Obrador, a partir de caso del ex secretario secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, con base en una investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano.
Detenido en Estados Unidos, Cienfuegos fue liberado tras un acuerdo político con México, que prevé la investigación del caso en este país.
El dictamen aprobado avala en sus términos la propuesta del Ejecutivo federal de establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La misma obligación la tendrán las embajadas acreditadas en México y cuyos agentes realicen actividades en materia de seguridad nacional.
