Este 9 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, encabezará un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano en tres casos de desaparición forzada, en el que admitirá que las resoluciones de organismos internacionales sobre estos episodios son de cumplimiento obligatorio.

En un comunicado, la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, recordó que las víctimas en cuestión son Christian Téllez Padilla (2010), Jesús Israel Moreno Pérez (2011) y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

El acto se celebrará en las instalaciones de la SG y se llevará a cabo en presencia de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de autoridades de los gobiernos de Oaxaca, Coahuila y Veracruz.

Idheas resaltó que con esta actividad, el Estado mexicano “reconocerá la obligatoriedad de las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y asumirá su responsabilidad internacional por los dictámenes que establecen vulnerado el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas”.

Juan Carlos Gutiérrez, director del colectivo, subrayó que este acto “significa el compromiso del Estado para dar pleno cumplimiento a las medidas ordenadas en cada uno de los casos, en particular, superar la impunidad, garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas, la investigación efectiva y la reparación integral de las víctimas desaparecidas y de sus familiares”.

De igual manera, consideró que “debe significar un llamado para que las más altas autoridades de los Gobiernos federal y estatales reafirmen su convicción para que hechos similares a los vividos por las víctimas y sus familias no vuelvan a repetirse.

“El Estado en su conjunto deberá aceptar que las desapariciones han causado profundos sufrimientos a los familiares como consecuencia de actos de servidores públicos, así como la impunidad en que estas desapariciones permanecen hasta hoy”, enfatizó.

Los tres casos fueron presentados en noviembre de 2015 ante la ONU por Idheas, y al analizarlos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que las desapariciones ocurrieron en un “contexto general de violaciones graves a derechos humanos y desapariciones forzadas” cometidas por autoridades del Estado mexicano.

En su posicionamiento, Idheas recordó que el 5 de agosto de 2019, la ONU emitió el dictamen por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, sucedida el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz.

El Comité consideró que “los hechos constituyen una desaparición forzada”. Además, recalcó que a nueve años de la desaparición de Christian, las investigaciones realizadas se han “dilatado excesivamente”, sin que el Estado mexicano haya justificado el retraso. Por lo tanto, ordena dar con su paradero, investigar, sancionar y reparar de forma integral a las víctimas.

Asimismo, el 5 de noviembre de 2019, el Comité aprobó el dictamen por la desaparición del joven estudiante de geografía Jesús Israel Moreno Pérez, en hechos sucedidos en el municipio de Chacahua, Oaxaca el 8 de julio de 2011, en el que resolvió que el Estado mexicano violó los derechos del estudiante de la UNAM y los de sus familiares.

Por otro lado, el 29 de noviembre de 2019 el Comité notificó el dictamen relacionada con el señor Víctor Manuel Guajardo Rivas, en el que declaró su desaparición forzada sucedida en Piedras Negras, Coahuila.

Consideró que habían transcurrido más de seis años desde su desaparición sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores de la desaparición hubieran avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano hubiera justificado la omisión, negligencia e impunidad.