Ciudad de México. El contexto de violencia que se vive en la región de La Montaña, Guerrero, es grave. “Las familias están replegadas, tienen miedo, no hay forma de luchar, de hacer pública la exigencia de justicia”, señaló Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la presentación del 26 informe de la organización.

Destacó el contubernio que existe entre la delincuencia y autoridades municipales y añadió que “la impunidad sigue imperando” en el estado. “No se investigan los delitos, hay más de 40 grupos de la delincuencia disputando los territorios” de la entidad, dijo.

Recordó a Arnulfo Cerón Soriano, un ex compañero de Tlachinollan, quien desapareció el 11 de octubre de 2019 y 40 días después fue encontrado sin vida. “Representa un momento muy crítico para los defensores y defensoras de derechos humanos en la Montaña porque no hay manera” de protegerlos. Al contrario, añadió, en este caso “las mismas autoridades municipales hablaban contra él públicamente”, todo porque “estaba pidiendo cuentas al ayuntamiento, porque pedía obra, porque además exigía que el presupuesto se hiciera público”.

En este panorama, dijo Barrera Hernández, lo que descubrieron es que “lamentablemente había un contubernio, es decir, empezamos a descubrir las redes de delincuencia que se tejen en Tlapa, y en varios municipios donde los grupos de la delincuencia tienen más poder que el gobierno municipal”.

Indicó que ante esta situación, los defensores y defensoras están inermes “porque entonces ya no tenemos ubicados a los actores estatales que son un riesgo para nuestro trabajo y seguridad”.

Señaló que en este año con el confinamiento por la pandemia de Covid-19, “la violencia en Guerrero se ha incrementado”. Ejemplo de ello, agregó, está en Chichihualco, en el municipio de Leonardo Bravo, donde la situación se desbordó desde dos años antes y “se ha ido complicando más precisamente por las familias desplazadas. Ahí vemos a una delincuencia empoderada que está entrando a las comunidades para someter a la población”.

Respecto a las afectaciones por Covid-19, dijo que en Tlapa en el Hospital General sólo hay una unidad para atender pacientes contagiados, “donde hay 15 camas, seis ventiladores y no todos funcionan. Hemos tenido el registro de 800 personas que han recibido de los 19 municipios, y 300 fallecidos. Solamente una semana se aplicaron pruebas PCR en el zócalo, fuera de ahí no ha habido ninguna campaña”.

También se refirió a la violencia contra las mujeres y mencionó que han registrado 7 casos de feminicidios y 19 muertes violentas.

En su turno, Vidulfo Rosales dio a conocer los avances sobre las investigaciones relacionadas con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Indicó que se cuentan con 80 órdenes de aprehensión librada, entre las que destacan la que se tiene contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Sobre la búsqueda de los jóvenes, dijo que es la parte donde se ha tenido más progresos pues se hallaron más de mil restos óseos, en los que se pudo identificar el de un estudiante Christian Alfonso Rodríguez. “Actualmente están en proceso de identificación 16 más, que el tema de la pandemia lo ha venido a complicar”.

Agregó que si bien los hallazgos son resultados positivos, “no lo es para las víctimas si no se ha explicado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que su hijo perdió la vida”.

En la presentación del documento participó Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México, quien señaló que el informe “es una radiografía amplia de lo que pasa en algunos territorios de México”, del dolor “y ausencia del Estado”.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que México “en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio de la libertad de expresión”. Indicó que en lo que va del 2020, 19 periodistas han sido asesinados.

Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de Opinión del periódico La Jornada, mencionó que lo que describe el informe “no es la ausencia del estado sino la captura del estado por parte de la delincuencia organizada. Si Guerrero fue un estado desde su surgimiento nacido de los caudillos que usurparon la tierra, el territorio, los recursos naturales, los negocios, el comercio, ahora esos caudillos se han asociado con la delincuencia organizada y se comportan como amos y señores de ese territorio”.