El pasado 9 de junio de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió indignado a la divulgación de un documento titulado “Rescatemos a México, proyecto BOA” durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que mencionaba que un “grupo de consejeros del INE” formaría parte de un plan maestro para “desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021” y “revocar el mandato presidencial en 2022”.
En esta estrategia opositora también participarían: COPARMEX, FRENA, Felipe Calderón, Carlos Loret, Denise Dresser, Enrique Krauze, las dirigencias de PRI, PRD, PAN así como “Cabilderos anti-4T en Washington” y una panoplia de otros actores (documento completo disponible aquí: https://bit.ly/3ggUNRb).
En su réplica, el INE argumentó que es “totalmente falso” que la autoridad electoral participe en el llamado “Bloque Opositor Amplio (BOA)” e insistió enfáticamente que “el INE no está ni a favor ni en contra de postura política alguna, sino que su rol, como árbitro de las elecciones, es el de ser garante de la neutralidad que debe caracterizar la organización de elecciones plenamente democráticas” (véase: https://bit.ly/3lNJqBr).
Sin embargo, a lo largo de los últimos meses se ha ido quedando claro que efectivamente sí existe un grupo mayoritario de consejeros electorales, todos nombrados durante el viejo régimen, que actúa de manera facciosa en contra del partido Morena. La problemática conducción por el INE del proceso de renovación de la dirigencia del partido por medio de encuestas constituyó una primera señal con respecto al evidente proyecto político de este bloque conservador de consejeros electorales encabezado por Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.
Pero el más reciente intento de orquestar un golpe de estado técnico en contra de los partidos aliados a la Cuarta Transformación por medio de la manipulación de las reglas para el reparto de las diputaciones de mayoría, las llamadas “plurinominales”, confirma de una manera particularmente nítida la presencia del BOA en el seno del órgano electoral.
Este viernes, 4 de diciembre se buscó aprobar en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE un mecanismo totalmente inédito para el reparto de los diputados electos en la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021 que viola de una manera descarada y vergonzosa tanto la Constitución como las leyes electorales.
El artículo 54 de la Constitución es meridianamente claro con respecto al procedimiento que debe llevar a cabo el INE para garantizar un reparto equitativo de los diputados de representación proporcional. Específicamente, en el inciso V de aquel artículo se establece un tope de sobre representación de ocho por ciento por partido. Es decir, ningún instituto político puede contar con un número total de diputados, incluyendo tanto los de distrito como los plurinominales “que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Este criterio tiene una lógica muy sana. Todos los partidos políticos deben tener derecho de participar en el reparto de los diputados plurinominales, que reflejan la presencia nacional de los partidos más allá de las victorias en distritos específicos, de acuerdo con su peso electoral correspondiente. Sin embargo, este mecanismo no debe servir para generar tasas de sobrerepresentación demasiado grandes que pudieran distorsionar los procesos democráticos.
Sin embargo, el bloque conservador del INE hoy pretende modificar unilateralmente el texto de la Constitución para que el límite de sobrerepresentación de ocho por ciento no se aplique a cada uno de los partidos políticos sino a las coaliciones electorales en su conjunto. Es decir, en lugar de medir a cada partido en sus términos, se busca evaluar a todas las fuerzas políticas coaligadas como si fueran un solo partido político.
Esta artimaña jurídica permitiría al BOA infiltrado en el INE cumplir con el propósito de “desplazar” al Obradorismo de la mayoría de la Cámara de Diputados. Ello porque en lugar de que cada uno de los partidos aliados (Morena, PT y PES en 2018, por ejemplo) podría gozar del tope de 8%, ahora ese mismo 8% tendría que repartirse entre cada uno de estos partidos, reduciendo el tope real por partido a 2 o 3 por ciento cada uno.
Podríamos debatir los méritos o no de realizar una reforma legal en este sentido. El tope de 8 por ciento es en realidad bastante arbitrario y existen argumentos perfectamente válidos para sustentar su reducción. Se podría legislar incluso para que solamente aquellos partidos políticos sub-representados en los resultados de las elecciones uninominales de distrito tuvieran derecho a recibir también diputados plurinominales.
Adicionalmente, si no fuera la misma Constitución sino solamente la ley electoral que indicara que la tasa de sobrerepresentación se aplica a los partidos, y no a las coaliciones, quizás habría lugar para equiparar “partido” y “coalición” a la hora de motivar y fundamentar una decisión administrativa en este sentido.
Sin embargo, el INE no es un órgano legislativo y mucho menos cuenta con facultades para desconocer unilateralmente disposiciones constitucionales. Es más, ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con el artículo 99 constitucional sí puede “inaplicar” leyes electorales con el fin de cumplir con principios constitucionales más amplios, tiene la facultad de violar la Constitución.
La propuesta que hoy se discute en el seno de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE implica entonces un grotesco intento de torcer la normatividad con fines estrictamente políticos e ideológicos, en abierta violación de la autonomía y la independencia del instituto electoral. Si el pleno del Consejo General decide aprobar el anteproyecto en circulación colocaría al INE en una situación de franca rebeldía en contra del Estado de derecho.
Afortunadamente, uno de los veteranos consejeros electorales, Roberto Ruiz, ha demostrado su autonomía y en julio de 2020 se incorporaron al INE tres nuevos consejeros electorales con plena independencia de criterio: Uuc-Kib Espadas, Norma Inés de la Cruz y Martín Faz. Si bien estos cuatro integrantes del Consejo General no cuentan con una mayoría de votos en el seno del Consejo Electoral, hagamos votos para que su fuerza moral sea suficientemente poderosa para revertir esta aberración y enderezar el barco de la democracia mexicana.
