Madrid. Juan Carlos de Borbón, el actual Rey emérito de España y el jefe del Estado desde 1976 hasta su abdicación, en el 2014, decidió presentar a través de su abogado una declaración de regularización fiscal ante la Agencia Tributaria española, en la que busca precisamente legalizar el uso de unos fondos públicos presuntamente de procedencia ilícita. Entre los fondos económicos que pretende regularizar están las tarjetas bancarias opacas que habría utilizado él y una parte de la Familia Real y que habían sido adjudicadas y pagadas por el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del monarca y con numerosos intereses en el país ibérico, sobre todo en el sector inmobiliario.
Los casos de corrupción que investiga la justicia y que tienen en el centro de la diana al rey emérito español han obligado al ex monarca a hacer algo poco habitual: que presente, a trave´s de su abogado, Javier Sánchez-Junco, una declaración paralela ante el fisco español para legalizar esos fondos referidos y en caso que sea necesario pagar la pertinente multa o infracción civil antes de que se abra una instrucción penal que le podría llevar a juicio. La noticia la dio el periódico El País, que recibió una filtración de la propia Agencia Tributaria, por tanto del gobierno español, fruto de la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).
La “declaración voluntaria”, como se denomina formalmente a la petición de regularización, no se refiere a los bienes del monarca en el extranjero -incluidas las supuestas cuentas bancarias en las que habría ocultado varias decenas de millones de euros de actos de corrupción-, sino exclusivamente al uso de las tarjetas opacas por parte de la Familia Real.La Fiscalía del Tribunal Supremo ya investiga el supuesto uso de esas tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular entre los años 2016 y 2018, una etapa posterior a su abdicación. El dinero presuntamente pertenecía a su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lo puso a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.
El ex jefe del Estado español se encuentra viviendo en Emiratos Árabes desde el pasado 17 de agosto, cuando decidió salir de España de forma furtiva ante el cúmulo de casos que le afectaban directamente y las declaraciones que hizo tanto ante la justicia como ante los medios de comunicación su antigua amante y socia, la princesa alemana Corinna Larsen. Fruto de esas declaraciones, actualmente hay tres las investigaciones abiertas por el Ministerio Público. La primera aborda el recorrido del dinero que le dio el Gobierno de Arabia Saudí en las fechas en las que se negociaba la construcción del AVE a La Meca, un contrato de más de seis millones de euros que recayó en un conglomerado de empresas españolas. La segunda tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito en las que ingresaba dinero el empresario mexicano para que miembros de la Familia Real hicieran uso de esos fondos sin declarar a Hacienda lo que podría derivar desde un blanqueo a un delito fiscal por enriquecimiento ilícito de patrimonio. Y, la última investigación, se encuentra de momento en fase embrionaria y parte de un informe de inteligencia financiera elaborado recientemente relacionada con una supuesta fortuna oculta del rey emérito de casi diez millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
