No había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, aseguró Nieto Castillo, en una entrevista con La Jornada.

Reveló que la información aportada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya –señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien ofreció aportar información a las autoridades– permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado.

Dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y adelantó que también se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Peña Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.

La UIF está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Hasta el gobierno anterior tenía un papel más bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupción, una de las principales políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Nieto expuso que hace dos años, cuando asumió la titularidad, encontró una Unidad de Inteligencia Financiera que servía para fines políticos, de presión a los opositores al gobierno de Peña Nieto, y era un mecanismo de extorsión que se complementaba con elementos de la (entonces) Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), actualmente privados de la libertad, que utilizaban la información de la UIF para actividades de extorsión a empresarios y a ciudadanos con flujo de efectivo importante.

Relata que encontró listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas. Se hacía, dijo, “un uso político de la institución para fines de carácter económico o de persecución política.

La posición del presidente López Obrador es muy clara: cambiar esa dinámica hacia una de cumplimiento de las reglas del estado de derecho, particularmente en los temas relacionados con el combate a la corrupción.

El funcionario apunta que la corrupción en México era sistémica y los diseños institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes. Sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción acusa carencias en cuanto a la vigilancia del uso de los recursos por parte de servidores públicos y de su entorno cercano.

–¿Qué ocurrió con esos listados que se hacían en la UIF sobre opositores políticos? ¿Terminaron en denuncias o sólo eran para presionar?

–Llegaron a presentarse denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República. La información que hemos logrado obtener es que una buena parte de los datos que se hicieron públicos en su momento para atacar a opositores del régimen corresponde con la información que había aquí en la UIF.

–¿Qué destaca de la actividad de la UIF en estos dos años?

–Queda clara la posición del presidente López Obrador de combatir la corrupción, tanto a gran escala como en los casos pequeños. Está el hecho sin precedente de que se haya enjuiciado a ex gobernadores o logrado el congelamiento de cuentas de personas vinculadas con el ejercicio público; o se haya logrado, incluso, obtener órdenes de aprehensión contra secretarios de Estado y gente vinculada con el poder. Creo que ese es un gran paso.

Santiago Nieto menciona que anteriormente el trabajo en la Secretaría de la Función Pública o en la PGR estaba relacionado con personas de escasa importancia en la estructura orgánica de las instancias de gobierno. Hoy en día, aseguró, se sanciona a los dirigentes que fueron, si no autores materiales, sí autores intelectuales de los actos de corrupción, entre los que cita el desvío de recursos públicos del gasto social a través de universidades estatales, conocido como estafa maestra; o el desvío de recursos de varios gobiernos estatales al PRI, la llamada Operación Zafiro, o los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial priísta de 2012.

En este punto precisa: los citados mecanismos de desvío de recursos públicos no hubieran podido hacerse sin la aquiescencia o la instrucción de personas encumbradas en el poder. Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, tanto en lo que era Sedesol, como en Sedatu, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

–¿Las investigaciones están llegando a esos niveles tan elevados?

–Sí. En estos momentos tenemos un caso por la denuncia del señor Emilio Lozoya Austin. Lo que hacemos es tener un seguimiento puntual de las personas que son denunciadas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso.

No importa si son gobernadores o ex senadores, lo importante es que todas las personas que hayan participado en estos actos de corrupción sean sancionados por parte de la autoridades correspondientes.

–¿En qué etapa de la investigación se encuentran los casos del ex presidente y del ex secretario Luis Videgaray?

–El caso de Videgaray está siendo sometido al análisis de la unidad y hemos tenido requerimientos de alguna otra autoridad.

–¿En el caso del ex presidente Enrique Peña Nieto?

–También estamos analizando la información. El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: si encontramos cualquier tipo de irregularidad tenemos que hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes.

–¿Qué han encontrado?

–Aquí no puede haber ni juicio sumario ni absoluciones sumarias. Seguimos trabajando en todos los casos para presentar la información ante la Fiscalía General de la República.

–En estos casos de alto impacto ¿hay cooperación de la autoridad mexicana con sus contrapartes en otros países o es estrictamente una investigación nacional?

–Es una investigación supranacional. Tenemos contacto permanente con las 164 UIF de todo el mundo, a partir del Grupo Egmont (que reúne a las áreas de inteligencia financiera de los países). Además, tenemos colaboración con agencias de otros países, como Colombia, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, por conducto de la DEA y la FBI, para tener más información que sirva en el combate de las conductas delictivas que se presenten en nuestro país.

–¿En qué punto se encuentran las investigaciones de estos casos que menciona?

–Se ha avanzado de forma muy importante. Se han presentado denuncias contra quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza, fallecido); contra la ex titular de Sedesol y de Sedatu (Rosario Robles), y contra el ex director general de Pemex (Lozoya).

“Además, se han generado ya expedientes contra ex gobernadores, como los dos Duarte (Javier y César, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente), como (Roberto) Sandoval (ex gobernador de Nayarit). Todo esto se encuentra ya en las fiscalías locales y en la FGR y se ha logrado la obtención de órdenes de aprehensión. Vamos a seguir trabajando para que más casos lleguen ante los tribunales.

La UIF sirve para combatir la corrupción, pero también la impunidad, para que los responsables lleguen ante los tribunales, sea por vía de la justicia administrativa o penal.

–Sobre el tema del desvío de recursos públicos mediante universidades estatales, conocido como estafa maestra, ¿Qué nuevos elementos hay en la investigación?

–Primero encontramos 105 contratos que fueron puestos a disposición de esta unidad por la Secretaría del Bienestar. También hemos trabajado con la Seido 43 contratos en los que se puede ver la misma tipología: generación de empresas fachada que son subcontratadas por las universidades para hacer entrega de documentos, los trabajos supuestamente encargados, que en ocasiones se repiten universidad por universidad para obtener el dinero. Esos recursos iban a las campañas electorales y al patrimonio de los servidores públicos, incluyendo evidentemente a Emilio Zebadúa, Ramón Sosamontes y Rosario Robles, quienes están involucrados en el ámbito de la Sedatu. Hay un tema de venta, a menor precio, de terrenos federales a particulares en Puerto Peñasco, Sonora.

“También tenemos el mismo proceso de la estafa maestra en Pemex, durante la administración del señor Lozoya, quien recibe a Pemex con pérdidas anuales de 40 mil millones de dólares y lo deja con perdidas anuales de 100 mil millones de dólares. Es la peor administración en la historia de Pemex y esto, como lo ha dicho el Presidente, era una política encaminada a destruir a la empresa pública para beneficio particular de la gente relacionada con el presidente Peña Nieto.”

–¿Qué ocurrió con el caso de Ruiz Esparza?

–Se presentó la denuncia ante la FGR. Evidentemente el señor Ruiz Esparza falleció, pero continúa la investigación en contra de sus familiares y sus círculos más cercanos.

–¿Y el Sindicato Mexicano de Electricistas?

–También hay denuncias en la Secretaría de la Función Pública y en la FGR por temas vinculados con corrupción política, por el regalo que hace Luis Miranda (ex secretario de Desarrollo Social, ex diputado y cercano colaborador del presidente Peña) al Sindicato Mexicano de Electricistas de inmuebles que eran propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

–¿Qué otras prácticas se hanencontrado?

“Hemos visto lavado de dinero en varios puntos de la República, como el caso de León, Guanajuato, donde empresas mexicanas relacionadas con ciudadanos asiáticos reciben dinero en efectivo para mandarlo a China en cantidades exorbitantes, hasta 325 millones de pesos.

Esta parte denota que necesitamos aplicar mejores mecánicas para combatir el lavado de dinero en todas sus expresiones en el país.

–¿Qué avance hay sobre el combate a las factureras y a las empresas de outsourcing?

--Se está investigando y se han presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas factureras, aunque estamos trabajando 43 adicionales que nos mandó el SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing, que incluyen al Grupo GIN (del empresario Raúl Beyruti).

–¿Qué avance hay sobre el presunto lavado de dinero en los equipos de futbol profesional?

–Hay un convenio con la Liga Mx y eso nos ha dado acceso a las bases de datos para revisar si cumplen con los parámetros establecidos en la normatividad interna de la Federación Mexicana de Futbol. Hemos presentado una denuncia sobre el equipo Cruz Azul, donde hubo transferencias y desvíos por más de mil 300 millones de pesos hacia Estados Unidos y adquisición de bienes inmuebles en el extranjero.