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“¡Que no jodan!”, dice CCE sobre iniciativa para eliminar ‘outsourcing’

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El sector empresarial del país expresó su descontento sobre el diálogo que mantiene con el gobierno federal para eliminar el ‘outsourcing’ pues no han podido convencerlos, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Foto Roberto García Ortiz / Archivo
03 de diciembre de 2020 15:25

Ciudad de México. El sector empresarial del país expresó su descontento sobre el diálogo que mantiene con el gobierno federal para eliminar el outsourcing e insourcing, pues no han podido convencerlos, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante la Décima séptima reunión de la vicepresidencia de Asuntos Fiscales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el dirigente del organismo cúpula comentó que es necesario que se revise el proyecto de Ley General para la Reactivación Económica que fue presentado para no afectar a los sectores involucrados.

Consideró que la política pública no sólo deben hacerla los políticos, pues sus propuestas sólo sirven a sus intereses o de muy corto plazo o carecen de un análisis profundo y de las consecuencias que tiene en la actividad empresarial.

En ese tenor, ejemplificó con el proyecto legislativo para eliminar el outsourcing hecha por el Ejecutivo federal: “Se nos está enfrentando una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por unos, he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando a veces hacer la autoridad es tumbar los árboles, dices, ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada”, dijo.

“El ejemplo del outsourcing e insourcing es un maravilloso de cómo una orientación que puede ser muy positiva, mal implementada tiene consecuencias desastrosas para la economía, como hemos tratado e intentado hacerle ver a la autoridad. A veces sin mucho efecto o sin mucha suerte de poderlos convencer”.

En las últimas dos semanas tanto las autoridades como representantes del sector privado se han reunido para no prohibir esa figura laboral, pues la iniciativa privada argumenta que se perderían 5 millones de empleos y diversas empresas dejarían de invertir en el país.

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