Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para la atención, visibilización e inclusión social de las personas con la condición del espectro autista, para garantizar a dicho grupo de población el acceso a una habilitación terapéutica integral que les permita mejorar su condición física, mental y el desarrollo de competencias y habilidades.

En su exposición de motivos, el dictamen aprobado con 56 votos a favor y una abstención refiere que según la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), en la ciudad se registran cada año unos seis mil nuevos casos nuevos de trastorno de espectro autista (TEA) y su detección temprana es fundamental para generar una mejor calidad de vida a las personas en esa condición.

En tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que uno de los aspectos del TEA es que imponen una enorme carga emocional y económica las familias, el cuidado de los menores “requiere un gran esfuerzo, sobre todo en los entornos donde el acceso a los servicios y el apoyo necesarios son insuficientes” y la mayoría de las personas afectadas y sus familias no reciben ningún tipo de atención por los sistemas de salud y asistencia social.

La ley –elaborada a partir de iniciativas que presentaron por separado los diputados de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León y Eleazar Rubio Aldarán– establece que el gobierno de la ciudad y las alcaldías “deberán implementar de manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la transversalidad en materia de inclusión de las personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias”.

Señala una serie de principios que deberán contener las políticas públicas en materia de inclusión de personas con TEA y entre otros derechos les reconoce el de la auto adscripción como personas con discapacidad psicosocial, recibir educación o capacitación inclusivas, acceder a programas de alimentación, participar en la vida productiva de la ciudad, ser incorporados a acciones de vivienda, disponer de asistencia jurídica cuando sus derechos humanos sean afectados, entre otros, y formaliza el programa de tarjeta incluyente expedida por el gobierno de la ciudad que les permita acceder de forma gratuita a los sistemas de transporte público, tener atención preferencial en trámites y servicios, así como descuentos en predial y agua.