Ciudad de México. En sesión del Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta que envió el Senado de la República de reforma constitucional en materia de fuero, por el que se incorporan los hechos de corrupción y delitos electorales al catálogo de ilícitos por los que  podrá ser juzgado el presidente de la república durante su encargo.

El dictamen que presentó a pleno la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, obtuvo 54 votos a favor y uno en contra.

Aun cuando en sus posicionamientos, PAN, PRI y PRD resaltaron que con dicha reforma no desaparece el fuero constitucional de que goza el titular del ejecutivo y consideraron dicho proceso de reforma a la Constitución federal como “propaganda política”, “simulación”, “demagogia” y un “circo mediático con el que se pretende engañar a la gente”, los legisladores de los tres partidos de oposición votaron a favor.

En su posicionamiento, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, dijo que no se trata de un asunto menor que deba pasar desapercibido y ser motivo de descalificación como un simple acto de propaganda política, dado que se trata de dos conductas que han sido un flagelo y han  generado retrocesos en el avance democrático del país: la corrupción y los delitos electorales.

Esta reforma a la Constitución “genera un cambio en la dinámica social, nos da la pauta para transformar las conductas y manda un mensaje poderoso para quienes habitamos el país pues hace muchos años que tenemos conciencia clara de que las conductas delictivas que cometen quienes nos gobiernan deben de ser sancionadas, no deben quedar impunes”.

La diputada del PT, Jannete Guerrero Maya, sostuvo que con esta reforma se avanza hacia una sociedad que combate los privilegios, vuelve a Presidente de la República como una persona más cercana a la gente y “se traduce en tirar las viejas prácticas que abrieron la puerta a la corrupción, el narcotráfico y los malos gobiernos”.

Leonor Gómez Otegui, diputada sin partido apuntó que la reforma “envía un mensaje muy poderoso para las élites políticas y para a ciudadanía: la justicia puede alcanzarnos a todas y todos”.

El diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez dijo que si bien hay un avance en esta reforma para imputar al Ejecutivo, debe ser valorada en su justa dimensión ya que se expuso con argumentos falsos y facciosos de una supuesta eliminación del fuero cuando simplemente se queda parafraseando lo que ya estaba.

Diego Garrido López, del PAN, señaló que la reforma debió permitir enjuiciar al presidente por atentar contra la salud de los mexicanos, como es el que hoy el país encabeza en número de contagios y muertes por Covid-19 en el mundo.

Señaló que el presidente seguirá gozando de privilegios y lujos, como lo son el ser juzgado por el Senado de la República.

Por el PRD, Jorge Gaviño Ambriz, resaltó también que no se acaba el fuero del presidente, ya que para que pueda ser enjuiciado le ponen un juzgado especial, que es el Senado de la República, y si no quiere, con las dos terceras partes, la acusación no va a proceder.

Sólo un legislador del PAN votó la minuta en contra.