Ciudad de México. El Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal del primer circuito, negó aceptar la competencia para conocer el juicio de amparo que promovió Roberto González Montes, El 32, líder del grupo criminal de La Línea y presunto autor intelectual del ataque contra integrantes de la familia LeBarón. El recurso también lo promovieron Eulalio Domínguez Alanís y Santiago Casavantes Radovich, señalados por las autoridades como escoltas del quejoso.

El 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de tres integrantes de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, y su traslado a instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), en la CDMX, entre ellos, González Montes, quien tres días después fue vinculado a proceso por un juez de control federal por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, y daños.

“El 32” cuenta con dos órdenes de aprehensión. Asimismo, es acusado por autoridades judiciales de ser el autor intelectual del ataque y asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón el 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora. Su participación fue dirigir aproximadamente 100 personas fuertemente armadas para tomar la plaza de “Agua Prieta” en Sonora, que está en manos de miembros del cártel de Sinaloa, refieren datos oficiales.

En su demanda de amparo, los quejosos señalaron que fueron víctimas de detención ilegal, desaparición forzada, incomunicación, tortura y malos tratos, hechos que presuntamente se cometieron en la Ciudad de México por autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Al respecto, el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Chihuahua declinó la competencia a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México.

Sin embargo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo  rechazó la competencia, al argumentar que, acorde con los antecedentes de la demanda, los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en el poblado Mata Ortiz, municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Además, Estela Marmolejo Juárez, abogada de los imputados, expresó que no tiene certeza del lugar en que pudieran encontrarse los quejosos, por lo que se descarta, hasta el momento, la posibilidad de que los actos reclamados pudieran ejecutarse en la capital del país. Por este motivo, Alberto Chávez ordenó devolver el expediente al juzgado de Chihuahua.