San Diego. Una comisión designada por un tribunal sigue sin localizar a los padres de 628 menores que fueron separados en la frontera con México cuando comenzaba el gobierno del presidente Donald Trump, según un texto judicial presentado el miércoles en la corte, en el que también se indica que el gobierno proporcionó números telefónicos adicionales la semana pasada para ayudar en la búsqueda.

Se cree que los padres de 333 menores están en Estados Unidos. Los padres de los restantes 295 estarían fuera de territorio estadunidense.

Eso no necesariamente significa que padres e hijos continúen separados, sino que la comisión no ha podido localizar a los padres. El panel ha ubicado a otros familiares de 168 de los 628 menores cuyos padres aún no han sido hallados.

El documento conjunto de los abogados del Departamento de Justicia y de las familias brinda el panorama más reciente en las labores por reunir a las familias afectadas por la política de “tolerancia cero” a los cruces fronterizos ilegales y que derivó en miles de separaciones cuando los padres fueron procesados penalmente.

El 25 de noviembre, el gobierno le proporcionó a la comisión de búsqueda números telefónicos y demás información de una base de datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que gestiona a las cortes migratorias, según el documento.

Lee Gelernt, abogado representante de los padres por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), dijo que ha presionado al gobierno para obtener información adicional del año pasado.

“Apenas recibimos esta nueva información un día antes del Día de Acción de Gracias y únicamente debido a la indignación global ante el hecho de que no se ha podido localizar a estos padres”, dijo en una entrevista.

La comisión de búsqueda indicó que es demasiado pronto para saber qué tan útiles resultarán los números telefónicos adicionales en la localización de los padres que faltan.

Más de 2.700 menores fueron separados de sus padres en junio de 2018, cuando el juez federal Dana Sabraw, en San Diego, ordenó que se pusiera fin a la práctica implementada con las políticas de “tolerancia cero”. Ordenó que padres e hijos fueran reunidos a más tardar en 30 días.

Los 628 menores cuyos padres siguen sin localizarse fueron separados antes de que el juez emitiera la orden, con casos remontándose al 1 de julio de 2017, y todos ellos fueron liberados de la custodia federal antes de la orden de junio de 2018.

Resulta complicado encontrar a los menores de ese periodo debido a que el gobierno contaba con sistemas de rastreo inadecuados. Entre ellos se incluye a cientos que fueron separados durante un ensayo de la medida en El Paso, Texas, realizado entre julio y noviembre de 2017 y que no fue dado a conocer en su momento.

El presidente electo Joe Biden tocó el tema durante las últimas semanas de su campaña, y prometió la creación de un grupo de trabajo para ayudar a localizar a los padres.

La ACLU quiere que Biden permita que las familias separadas regresen a Estados Unidos y se les otorgue “cierto tipo de estatus legal”, comentó Gelernt.

“Pensamos que es lo justo considerando lo que les hicieron pasar”, dijo Gelernt. “Encontraremos a las familias, pero no podemos darles a las familias el derecho de volver a Estados Unidos ni darles un estatus legal. El gobierno es el único que puede hacer eso”.

Voluntarios han buscado a los padres vía telefónica y puerta por puerta en Centroamérica, una labor que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus. La comisión estableció teléfonos gratuitos en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y envió aproximadamente 1.600 cartas a familias donde pudieran estar los padres.