Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador no impulsa una política antiempresarial, sino que busca recuperar la capacidad de recaudación fiscal del Estado mexicano, opinaron especialistas en el estudio de la relación entre la iniciativa privada y el gobierno. Pese a ello, el golpeteo del sector privado para restar legitimidad a la actual administración continúa, aunque sin tener éxito, dijeron Mauro Jarquín y Magdalena Galindo, quienes ofrecieron un panorama sobre la relación multinivel con los empresarios, a dos años de iniciada la administración.

Jarquín, quien es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo en entrevista que la relación entre el mandatario y la cúpula empresarial es compleja, no sólo por la naturaleza de liderazgo de López Obrador con una retórica por momentos un tanto belicosa respecto de ciertos sectores empresariales o incluso a la propia ética de lucro.

Comprende una serie de acuerdos que se formaron por un interés común muy frágil, un interés por un lado de mantener ciertos criterios y legitimidad política del gobierno actual ante un actor que es importantísimo, que es el empresariado, apuntó.

Por otro lado la IP, con el interés de mantener la tasas de recuperación de la inversión, de ganancia, pese a tener que lidiar con un gobierno con propuestas que no son necesariamente satisfactorias para algunas fracciones del capital nacional.

Son acuerdos frágiles, pero se han logrado mantener y van a seguir después de 2021, apuntó.

Relación multinivel

Jarquín consideró que la relación es multinivel, pues los empresarios no son un bloque monolítico y en distintas ocasiones han tenido distintos grados en sus acercamientos.

La cuestión educativa es el rubro donde hay un entendimiento más abierto con el gobierno mexicano. Refirió que si bien las cúpulas empresariales señalaron que la reforma en la materia sería un gran revés a los cambios hechos en el sexenio anterior, terminó siendo un acto de concertación entre todas las fuerzas políticas y el sector empresarial.

“Aprende en casa fue un soplo de vida para la televisión mexicana, particularmente para Tv Azteca, pues más allá de los 400 millones que costó, devolvió su importancia al medio, que durante mucho tiempo fue criticado porque no apuntala valores democráticos, ni hacia el desarrollo nacional”, agregó.

Mientras fracciones del sector empresarial han sido críticos ante la cancelación de proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, o la planta cervecera de Constellation Brands, en Baja California, otros han mostrado apoyo.

En ese sentido, señaló al Consejo Asesor Empresarial, cuyos miembros acompañaron al mandatario mexicano en su visita a Washington para reunirse con el presidente estadunidense, Donald Tump, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dentro de esta heterogeneidad empresarial también se encuentra el apoyo que durante la pandemia de Covid-19 ha brindado Grupo Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, o la participación de Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, en distintos proyectos.

Con los organismos empresariales, el mandatario de México mantiene una relación estable en la lógica de la fragilidad y del consenso, pues mientras la Confederación Patronal de la República (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, tiene más contrapuntos, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mantiene un organismo más receptivo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Ya se sabía desde que fue elegido que iba ser una especie de punto de entendimiento entre los sectores más radicalizados del Consejo y el gobierno de la 4T.

Subrayó que la preocupación del sector empresarial está en las reglas del juego, las bases legales sobre las que se asientan las inversiones, no en el gasto presupuestario, pues el proyecto no contempla impuestos, ni un crecimiento exponencial del gasto, para ellos representa cierta certeza económica en función de estabilidad macroeconómica del país.

Ni en contra ni a favor

El catedrático subrayó la regulación de la subcontratación, pues consideró que se pueden limar asperezas, pues bajo esa figura laboral las empresas disminuyen sus costos hasta 40 por ciento.

AMLO no tiene una política antiempresarial, no está en contra de los empresarios, lo que busca realmente es incrementar la capacidad de recaudación fiscal, dijo Jarquin tras señalar que se ha dado un uso político a esa relación compleja entre el gobierno y los empresarios.

El Presidente lo que busca es recuperar la capacidad fiscal del Estado ¿para qué? Para incrementar el gasto destinado al apoyo social, que es un mecanismos que la 4T ha entendido como de redistribución de la riqueza a nivel social.

Destacó que la regulación del outsourcing va en ese sentido, pues se busca recuperar recursos que pierden el IMSS o el fisco por prácticas deshonestas.

Inversión

El gobierno mexicano no se puede dar el lujo de fomentar la política de desinversión empresarial como sucedió en el conflicto de los años 70. No vamos para allá, no es Echeverría. Esas voces no son serias, dijo el académico.

Señaló que independientemente de lo que pase en 2021 en materia electoral, se mantendrá ese frágil equilibrio, porque ambos se necesitan y López Obrador conserva una enorme legitimidad, que es imbatible.

Golpe blando

Galindo, catedrática en la Facultad de Economía de la UNAM, distinguió entre dos tipos de empresarios: “Un grupo de grandes empresarios está dispuesto a aprovechar la oportunidad con las obras del sexenio y otro sector se ha agrupado alrededor de la estrategia del golpe blando. Han intentado restarle legitimidad e impulsan manifestaciones callejeras”. Hasta el momento, los esfuerzos no han sido fructíferos.

Destacó que si bien el Presidente ha planteado una separación entre el poder económico y el político, no quiere decir que tenga una actitud en contra de los empresarios.

Consideró que la estrategia de golpeteo de algunos sectores continuarán en lo que resta del sexenio, pues han tomado la vanguardia, ya que PRI, PAN y PRD muestran una gran debilidad.